Los inspectores de Hacienda reclaman a las comunidades un frente común ante el cupo catalán

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, lo anunciaba ayer a bombo y platillo. El Estado asumirá más de 83 mil millones de deuda de todas las comunidades autónomas. Un pacto que no ha gustado a la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Su desacuerdo lo ha plasmado en una carta que ha enviado a los presidentes de las comunidades autónomas para pedirles que trasladen su rechazo al 'cupo catalán' en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará el 26 de febrero.

La misiva comienza así: La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), colectivo superior de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), en su obligación de defensa del interés general amparado en el artículo 103 de la Constitución y del Estado de Derecho, al que están sometidos todos los ciudadanos, deseamos expresarle la gran preocupación de este colectivo ante los graves perjuicios que, para España y para todos los ciudadanos, conlleva el acuerdo entre el PSC y ERC, avalado por el Gobierno de España.

Según la presidenta de la IHE, les pedimos a los presidentes de las comunidades autónomas que rechacen el acuerdo para llegar a una propuesta de singularidad fiscal para Cataluña. "Entendemos que no se ha llegado a un consenso con el resto de comunidades autónomas que tienen mucho que decir y además rompe la normativa vigente", asegura Ana de la Herrán.

El fin último, dice esta carta, es deshacer el actual sistema de financiación autonómica y fragmentar la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por una vía ilegal y en contra de la igualdad y solidaridad entre todos los españoles.

"Ese pacto ha sido un acuerdo bilateral porque se necesita aquí un acuerdo político para gobernar y se ha negociado bilateralmente con una única comunidad autónoma que es Cataluña" dice de la Herrán. "Nosotros alarmamos porque hay unas consecuencias derivadas de ese pacto de singularidad fiscal que no tienen en cuenta los principios constitucionales de solidaridad, igualdad y, sobre todo, que rompen un organismo tan importante para España como es la Agencia Tributaria".

Los españoles pagarán la factura de los independentistas

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), dice la carta, realiza una labor esencial en todo el territorio español, lo que no impide que pueda llegar a ciertos acuerdos con algunas de las agencias tributarias autonómicas para lograr una mayor eficiencia

en materia de aplicación del sistema tributario y en lucha contra el fraude fiscal. Pero lo que no es aceptable es proponer, al margen de la norma y sin contar con el resto de España, una ruptura del sistema de financiación actual y, con ello, de la AEAT, buscando privilegios y, en concreto, rompiendo con el servicio que presta la AEAT en esa comunidad autónoma bajo excusas que no responden a las necesidades de los ciudadanos y, por tanto, al interés general.

IHE ha repetido hasta la saciedad que llamar “Acuerdo de financiación singular” a la creación de un sistema privilegiado que no ampara nuestra norma fundamental, y que olvida y margina a las demás comunidades autónomas, es simple y llanamente un engaño a todos los ciudadanos que tendrán que pagar la factura de los independentistas con subidas de impuestos y con prestaciones peores de los servicios públicos, entre los que están los que actualmente presta la AEAT, tan importantes para nuestros ciudadanos.

Según la presidenta de AEAT, la Agencia Tributaria realiza una labora fundamental de aplicación del sistema tributario y de persecución del fraude fiscal y lo que no se puede hacer es trocear en pequeñas agencias porque haya un interés particular. "Nosotros velamos por el interés general como administración del Estado y tenemos que velar por el mantenimiento de la unidad de la agencia tributaria española".

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana, según de la Herrán, las comunidades autónomas tienen que reaccionar con un rechazo porque se las ha ninguneado, se ha considerado que una comunidad autónoma tiene más importancia que el resto. "Tiene que haber una igualdad y que todas tengan voz y voto en este sentido para opinar y poder decir lo que piensan", concluye.

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