Juan, Carmen e Inma, víctimas de sus inquiokupas: "He tardado cinco años en echarles"

Juan tiene miedo, no se acerca a su casa. Ya ha recibido amenazas y agresiones de su inquilino. El primer año cobró el alquiler, pero hace cuatro que no recibe ni un euro. Su inquilino se declaró vulnerable. Asegura que el alquiler era bajo, 400 euros al mes, porque le convencieron de que no tenían mucho dinero. "Así lo hice, pensé que les hacía un favor, pero me ha salido muy caro ese favor", afirma.

Cuando le dijo a su inquilino que debían irse porque necesitaba el piso, el hijo le aseguró que no se iban: "Mi padre no se va a marchar, puede estar mucho tiempo sin pagarte. Y así ha sido", dice Juan.

Juan paga la hipoteca de esa casa, incluida la comunidad, y paga un alquiler para vivir con su familia en otra. Se tuvo que ir a un pueblo de Toledo a vivir porque los alquileres son más económicos.

Carmen protesta casi a diario con unos carteles frente al Ayuntamiento de Elche, denunciando la situación de su madre. Lleva dos años sin cobrar el alquiler. Asegura que de "los sufrimientos" a su madre le ha dado un ictus y está ingresada.

Alquiló el piso, y lleva dos años que no le pagan ninguna mensualidad. Es viuda y su pensión es de 429 euros.

Ha hecho todo lo posible para que el inquiokupa se vaya de la casa de su madre. Incluso contrató un detective para demostrar que sí trabaja, que tiene dinero para el alquiler. Llevó las pruebas a Asuntos Sociales y allí no le ayudaron en nada. "Me dijeron que ellos no podían hacer nada". "Yo creo que Asuntos Sociales debería hacer un seguimiento a todas las personas que se declaran vulnerables, porque mi madre es la que está pagando y ella también es vulnerable", asegura Carmen.

A Inma, le deben 25.000 euros. "Los desahucios se han parado una, dos, tres y hasta cuatro veces". Su inquilina, incluso, la amenazó con denunciarla por acoso, porque ella asegura que le ofreció todas las facilidades para que se fueran, incluso dinero. Ahora ha recuperado su casa. Se la han dejado destrozada. Ha tardado cinco años en poder entrar en propio piso.

Nueva medida antidesahucio

Se prorroga la moratoria antidesahucios para familias vulnerables. El BOE así lo dice: "Se establece la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 de los procedimientos de desahucio y lanzamientos" en aquellos casos en los que el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

Además, habrá avales para los propietarios pero tienen que poner un alquiler asequible a menores de 35 años o vulnerables. El Gobierno se haría cargo incluso de los desperfectos que dejen en el piso.

Los avales públicos cubrirán "los posibles impagos derivados de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y permanente para jóvenes y familias vulnerables", garantizando el Estado el pago de las mensualidades impagadas "hasta que la propiedad recupere la posesión de la vivienda".

El sistema público de avales, que cubre también daños causados en la vivienda y el coste de los suministros durante el impago, será gestionado por las Comunidades Autónomas con financiación estatal. El objetivo, según el texto legal: "Facilitar el acceso al mercado de alquiler y mitigar las dificultades económicas derivadas del acceso a la vivienda", así como evitar conflictos entre propietarios e inquilinos.

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