Los españoles, incluidos los pensionistas, pagarán en función de su nivel de renta los medicamentos, en un plazo de dos meses, aunque quedan exentos de esta medida los parados sin prestación. El 'copago farmacéutico' ha sido una de las medidas acordadas por el Consejo Interterritorial de Salud, con las que el Gobierno pretende ahorrar 7.000 millones de euros, y que se aprobarán el próximo viernes en el Consejo de Ministros.

Los ciudadanos en paro y sin prestación están exentos del pago por medicamentos

La reunión entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas se ha celebrado rodeada de protestas en las puertas del Ministerio y ha suscitado reacciones contrarias en los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha explicado, arropada por todos los consejeros a excepción de la de Andalucía, que los jubilados con pensiones contributivas pagarán un 10% de los medicamentos, con un máximo de 8 euros mensuales para las rentas por debajo de 18.000 euros al año, y de 18 euros para las que superen esa cantidad.

Los ciudadanos activos con una renta inferior a 18.000 euros y las familias numerosas seguirán pagando el 40% del medicamento, como hasta ahora, mientras que los que tengan un sueldo superior a esa cantidad abonarán el 50% de los fármacos, un porcentaje que se eleva al 60% para aquellos con rentas superiores a los 100.000 euros anuales.

Mato ha aclarado que no va a haber copago sanitario y que el abono de los fármacos en función de la renta no tiene un afán recaudatorio sino "disuasorio".

"Los ocho euros al mes que pagarán los pensionistas suponen menos de 20 céntimos al día"

"Los ocho euros al mes que pagarán los pensionistas supondrían menos de 20 céntimos diarios en caso de que fueran todos los días a la farmacia", ha argumentado la ministra, quien, no obstante, ha pedido disculpas a este colectivo y ha destacado que gracias a esta medida no habrá copago sanitario.

En este sentido, ha recordado que España es el segundo país del mundo en consumo de medicamentos y que el año pasado se tiraron 3.700 toneladas de ellos, lo que ha supuesto un derroche de 1.200 millones de euros.

En esta reunión, se ha decido poner coto a los abusos que comenten los extranjeros que reciben atención sanitaria en España, para lograr que no se pierdan anualmente 1.000 millones de euros por tratamientos que reciben en este país y que luego no se pueden facturar.

Con este fin, se ha corregido una directiva europea incompleta, donde faltaba un párrafo en el que se prohibía de forma explícita desplazarse a España solo en búsqueda de atención sanitaria. "Hay europeos que tienen más derechos sanitarios que muchos españoles", ha aseverado.