El juez mantiene imputado a Narcís Serra y otros cuatro exdirectivos de Catalunya Caixa por 'notables irregularidades' en operaciones inmobiliarias

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado un auto en el que mantiene la imputación contra el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra y otros cuatro exdirectivos de Catalunya Caixa por unas operaciones inmobiliarias entre los años 2000 y 2007, proyectos en los que habrían existido "notables irregularidades".

Después de escuchar a toda la antigua cúpula de la entidad en sede judicial, el titular del Juzgado Central de Instrucción 2, ha decidido seguir investigando a Narcís Serra, José María Loza, Lluis Gasol, Eduardo Aznar y Joan Valls. Del mismo modo, ha acordado el sobreseimiento de otros diez exdirectivos: Adolf Todó, Joan Güell, Antoni Llarden, Joan Manuel Pla, Josep Alonso Roca, Joan Echaniz y Josep Molins.

Según el auto del magistrado, entre los años 2000 y 2007 Catalunya Caixa ejecutó 'una intensa y creciente actividad inversora inmobiliaria que, a su vez, exigía y comprometía importantes volúmenes de facilidades crediticias, necesarias e imprescindibles para el desarrollo de los proyectos a acometer (...) en la mayoría de casos, el aval y fiabilidad que se otorgó a las proyecciones supuso cometer las inversiones sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados'.

Según Moreno, "a pesar de la dimensión y el riesgo" de los proyectos, "las decisiones de inversión se sancionaban favorablemente sin mediar previas valoraciones independientes de los activos urbanísticos".

A su juicio, parecen existir "notables irregularidades en la aprobación y desarrollo de los proyectos inmobiliarios denunciados, ya que no pueden entenderse suficientemente" la ausencia de garantías para recuperar el precio satisfecho en la adquisición de los terrenos en el supuesto de no conseguir la calificación urbanística idónea, los notorios conflictos de intereses, el pago de elevadas sumas por los terrenos según lo fijara el socio (sin tasaciones independientes), o la adquisición de terrenos que podían estar afectados por normas comunitarias y autonómicas, entre otros aspectos.