Hacienda
La Justicia reconoce el 'derecho a equivocarse' de los contribuyentes en la Declaración de la Renta
Hasta la fecha Hacienda interpretaba que cualquier error en la declaración de la renta era intencionado por parte del contribuyente. Una sentencia abre la puerta a cambiar esto.
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Hacienda somos todos, o eso dicen. Sin embargo, algunos tienen la sensación de que solo forman parte de lo menos atractivo de las arcas públicas. La Declaración de la Renta es la selectividad de los contribuyentes. Es la hora de de rendir cuentas de cada céntimo toqueteado en ese ejercicio. Y ojo, porque Hacienda también chequea los errores. Hasta la fecha la Agencia Tributaria se ha creído con derecho a fiscalizar hasta los errores de los contribuyentes ya que interpreta que cualquier incumplimiento es intencionado para eludir las obligaciones.
La percepción que muchas veces tienen los contribuyentes de la Agencia Tributaria es la de un ser intocable, sin embargo, poco a poco esa torre blindada se va haciendo más accesible al consumidor.
La sentencia
Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de sacar los colores a la 'todopoderosa'. Se trata del recurso que un contribuyente puso contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia.
Se le sancionaba por las declaraciones del IRPF de los años 2014, 2015 y 2016, Hacienda consideraba que el declarante había dado fe de las ganancias patrimoniales de forma incorrecta en relación a la venta de su parte en una sociedad de las que junto con su esposa era titular. La multa que le pusieron fue de 73.000 euros y este contribuyente reclamaba que se le anulase porque nunca tuvo intención de defraudar.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha fallado contra Hacienda y le insta a probar la culpabilidad del acusado. Además indica que "no todo incumplimiento de la normativa es suficiente para atribuir al contribuyente un ánimo incumplidor".
En el auto se expone que esta forma de actuar de la Agencia Tributaria quita a los contribuyentes el "derecho al error" e insiste en que ha de ser la Administración quien pruebe la intención de defraudar.
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