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EL GOBIERNO PAGARÁ LA DEMOLICIÓN

La Generalitat derribará dos rascacielos de Benidorm

El Tribunal Supremo obliga a la Generalitat Valenciana a derribar dos rascacielos. Se construyeron con una licencia que se declaró ilegal años después. Ahora el Gobierno valenciano va a tener que pagar la demolición. Además, tendrá que indemnizar con 100 millones de euros a los dueños de estos pisos.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Consell para evitar la demolición de las Torres de Benidorm, conocidas como 'los Gemelos', lo que obligará al ejecutivo valenciano a pagar "100 millones por las fechorías de la exconsellera Isabel Bonig" en la localidad alicantina.

Según han explicado fuentes de la Conselleria de Hacienda, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo les ha comunicado la inadmisión del recurso de casación que presentó la Generalitat al auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que ordenaba la ejecución de la sentencia de julio de 2012 del Supremo, que anuló los permisos a los edificios ya construidos al declarar ilegal su autorización.

Las torres, de 22 plantas cada una, con zonas comerciales y otros espacios y 168 apartamentos de lujo, con un precio de mercado de la fecha de entre 400.000 y 700.000 euros, se construyeron con autorización del Consell en la zona de servidumbre de protección de Costas, un espacio protegido por su carácter de bien público en la zona marítimo-terrestre.

En julio de 2017, el TS admitió un recurso de la Abogacía del Estado contra la decisión del TSJCV, que en 2008 había dado validez a la autorización de abril de 2005 de la Dirección General de Puertos de la Generalitat para la construcción de las dos torres.

Ante la decisión del Supremo, el TSJCV dictó un auto de ejecución definitiva de sentencia en el que ordenó a la Generalitat presentar ante la sala en un plazo de tres meses el proyecto de demolición de las torres junto con la previsión presupuestaria de su coste y habilitar el crédito en el momento en que se determinara exactamente el importe de las indemnizaciones a los propietarios.

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