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EN SU INTERVENCIÓN EN EL FÓRUM EUROPA

La ministra de Economía avanza una subida fiscal mucho mayor si no se aprueban los nuevos objetivos de déficit

Nadia Calviño explica que el Gobierno prevé establecer nuevos impuestos, como uno a las transacciones financieras y defiende las previsiones de crecimiento del Gobierno pese a la desaceleración.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha avanzado que el "aumento impositivo" que prepara el Gobierno para el próximo año será "muchísimo más importante" si finalmente no se aprueban los nuevos objetivos de estabilidad, más flexibles que los actuales.

La financiación de las cuentas públicas no puede basarse en la deuda, ha advertido la ministra durante su intervención en el Fórum Europa, al tiempo que ha defendido las previsiones de crecimiento del Gobierno pese a la desaceleración, aunque ha planteado que no sería "un drama" revisarlas.

El Gobierno prevé establecer nuevos impuestos, como uno a las transacciones financieras -que se basará en el modelo francés, según ha avanzado la ministra-, junto con un tipo mínimo efectivo para el impuesto de sociedades o un nuevo tramo del IRPF para rentas altas que no afectará a "las clases medias y trabajadoras", ha insistido.

La ministra ha eludido cuantificar el importe de este aumento impositivo, aunque ha precisado que de no aprobarse la propuesta del Gobierno de elevar el objetivo de déficit público para el próximo año al 1,8% del PIB, cuando el actual es del 1,3%, este será "muchísimo más importante".

Calviño ha descartado la puesta en marcha de una política "expansiva en su conjunto" porque España necesita reducir el déficit público y, en su opinión, aplicar bajadas de impuestos sería contrario a la disciplina fiscal. "No hay lugar para políticas fiscales irresponsables", ha subrayado, al tiempo que ha apostado por "encontrar el equilibrio" entre la consolidación presupuestaria y el nivel adecuado de gasto público.

En ese sentido, ha afeado que la rebaja del IPRF de 2015 supuso una reducción de ingresos de 12.000 millones de euros en dos años, lo que equivale al doble de la inversión en investigación y desarrollo. "Esta pérdida de ingresos no es coherente con una política de reducir el déficit", ha argumentado.

Respecto al conjunto de la economía, Calviño ha reconocido que, aunque el crecimiento actual es "robusto", sí se observa una ligera desaceleración, pero ha recordado que ya estaba prevista, por lo que en su opinión no se deben "lanzar mensajes alarmistas sobre un cambio de tendencia".

Calviño ha indicado que los indicadores económicos que se van conociendo confirman la previsión de crecimiento del Gobierno para este año, aunque ha reconocido que hay que "seguir muy de cerca" estos datos y si en un momento dado hubiera que bajarla tampoco sería un "drama".

Entre los factores que afectan a esta desaceleración ha citado el fin de los vientos de cola, entre ellos el crecimiento económico mundial o la política monetaria expansiva. También se ha referido a desequilibrios como la "cronificación" del paro en determinados segmentos de la población, ya que una tasa del 15% es "inaceptable", el "desorbitado" crecimiento de la deuda pública, el alto déficit público estructural o los altos niveles de desigualdad y pobreza.

"La coyuntura es favorable para abordar estos temas ya", ha subrayado durante una intervención en la que también ha tenido ocasión de referirse a los temores que han surgido de que Arabia Saudí cancele un contrato para la construcción de cinco corbetas en la planta de Navantia de San Fernando (Cádiz) que se espera que cree unos 6.000 puestos de trabajo.

Al respecto, ha confirmado que la prioridad del Gobierno va a ser en todo momento proteger esos empleos y que los pasos que se vayan dando en las próximas semanas serán en ese sentido.

Sobre la participación pública en Bankia, ha descartado que el Gobierno vaya a salir a corto plazo del capital, porque "con unos precios de mercado tan bajos, no es momento de plantearse vender", ya que el objetivo es "maximizar la recuperación de las ayudas públicas".

Igualmente ha instado a los legisladores a impulsar cuanto antes la transposición de la normativa comunitaria sobre el crédito hipotecario, entre otros motivos porque podría conllevar una multa de 100.000 euros al día.

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