Las ONG piden al Gobierno que prohíba las exportaciones de armas a Arabia Saudí si hay conocimiento de que se pueden usar para violar los derechos humanos, así como que se revoquen las licencias de exportación autorizadas si hay riesgo de que se usen en Yemen.
Esto es lo que solicitan Amnistia Internacional, Intermon Oxfam, Greenpeace y FundiPau en una carta abierta al Ejecutivo, horas antes de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, explicara en el Senado el proceso de venta de bombas de precisión a Arabia Saudí.
"Son muchas las vidas que están en juego y como sociedad civil nos negamos a ser cómplices de crímenes de guerra", destacan las organizaciones, que califican de "obsceno" el intento de "enfrentar a las víctimas de un conflicto con las víctimas de la precariedad laboral".
Hace unos días, Defensa aseguró que se habían iniciado los trámites para paralizar la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión láser del ejército español y que se devolverían los 9,2 millones de euros abonados por este material, dejando así sin efecto el contrato firmado entre España y Arabia Saudí en enero de 2015.
Posteriormente, el Gobierno calificó este anuncio como "declaración de intenciones", que debería tratarse en una comisión interministerial, tras las protestas de los trabajadores de Navantia en Cádiz que temen que, como represalia, Arabia Saudí pueda cancelar la compra de cinco corbetas a esta empresa española.
En este sentido, la ONG aseguran que España debe cumplir con las leyes españolas e internacionales sobre el comercio de armas, que prohíben su exportación cuando un Gobierno tiene conocimiento de que podrían ser utilizadas para cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad.
Por ello, piden a Defensa que plantee la revocación de la autorización del contrato firmado en 2015 en la próxima reunión de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), así como instan a otros ministerios a plantear las revocaciones de autorizaciones similares que les competan.
Tras asegurar que "son conscientes de la dramática situación de desempleo", las ONG recuerdan que "es responsabilidad del Gobierno y de las administraciones autonómicas y locales crear alternativas laborales que no conlleven la posible comisión de crímenes de guerra ni tengan un impacto negativo sobre los derechos humanos"
