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Aprobado por Montoro

La CE lleva a España ante el TJUE por la declaración de bienes en el extranjero

La Comisión Europea lleva a los tribunales la ley española de declaración de bienes en el extranjero, el llamado modelo 720. Según Bruselas este sistema restringe libertades fundamentales e impone sanciones desproporcionadas a los contribuyentes.

La Comisión Europea (CE) ha pedido a Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que condene a España por su sistema denominado "Modelo 720", que obliga a los contribuyentes a declarar sus bienes y derechos en el extranjero en el primer trimestre de cada ejercicio, al considerar que incumple la legislación comunitaria.

"Aunque en principio estas medidas puedan ser adecuadas para alcanzar los objetivos perseguidos que son la prevención y la lucha contra la elusión y el fraude fiscal, resultan desproporcionadas", señala la Comisión Europea en un recurso publicado este lunes en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Ese sistema, denominado "Modelo 720", fue elaborado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y aprobado por real decreto en 2012, aunque exime de hacer la declaración en el primer trimestre de cada ejercicio si su valor es inferior a 50.000 euros.

El Ejecutivo comunitario, que en noviembre de 2015 envió una carta de emplazamiento a Madrid como primer paso para iniciar un procedimiento de infracción sobre esa normativa fiscal y en junio de 2019 anunció que acudiría al TJUE, se dirige ahora a la corte de Luxemburgo para pedir que condene a España por restringir las libertades fundamentales.

"La Comisión llega a la conclusión que las sanciones que consisten en la calificación de los activos como ganancias patrimoniales, la inaplicación de las reglas normales de prescripción y las multas pecuniarias fijas, constituyen una restricción a las libertades fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del (Espacio Económico Europeo (EEE)", sostiene Bruselas. La Comisión Europea alega que con ese sistema se incumple la legislación comunitaria y pide al TJUE que condene a España a pagar las costas del proceso.

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