Los pensionistas llevan algo más de dos años saliendo, cada lunes, a la calle. Así han conseguido que sus demandas no dejen de estar en los titulares y, por consiguiente, en la contienda política.
Y ni se cansan, ni se rinden. Ya lograron que el año pasado el gobierno actualizara sus pensiones ajustándolas a la evolución de los precios y olvidando el polémico 0,25%.
Una batalla ganada que llegó con un modesto trofeo: la paguilla, apenas 13 euros de media, pero que conlleva un enorme rédito en las urnas (son casi 9 millones de votantes).
No ha sido su única victoria. También lograron una subida del 1,6 por ciento para este año. Esto suma casi 2.600 millones de euros. Por eso el gobierno, mientras hacía las cuentas del fallido proyecto de presupuestos, reconocía entonces estar “rezando” para que no se desviara la inflación. Con o sin asistencia divina, el IPC finalmente dio un ligero respiro.
La historia se repite. El ahora gobierno en funciones promete volver a hacerlo en 2020. La inflación en mínimos vuelve a jugar a su favor. Un alivio fugaz, para un problema de fondo. La nómina de las pensiones sigue disparándose mes a mes. Que marque récord ya no es noticia. Pero máximo sobre máximo, el ritmo de crecimiento del gasto es el más fuerte de la última década.
El déficit del sistema llegará a los 17.000 millones este año, según la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). Y en la famosa hucha cada vez hay menos dinero. Tenemos que pedirlo prestado porque nadie quiere llevarse el título de haberla agotado, claro.
Hay muchas recetas sobre la mesa: retrasar la edad real de jubilación, limitar las prejubilaciones, impuestos que liberen a la Seguridad Social de cargas
Hay muchas recetas sobre la mesa: retrasar la edad real de jubilación, limitar las prejubilaciones, impuestos que liberen a la Seguridad Social de cargas, pasar a un modelo menos dependiente de la demografía y del ciclo económico y más apoyado sobre el ahorro, hasta que los robots coticen.
En realidad, todo el mundo es consciente del problema, pero también de lo impopular de las soluciones. El Pacto de Toledo, lastrado por intereses políticos, ha demostrado su incapacidad para avanzar en ese camino. No hay varita mágica. La única opción es un pacto de altura, involucrando a todos -agentes económicos y políticos- recuperando (si alguien sabe dónde está) el perdido sentido de Estado. Si no, la “bola de nieve” de la que alertaba el Banco de España hace unos meses, pasará por encima de los pensionistas actuales y, convertida en alud, asfixiará a los futuros.
