Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para reformar el sector eléctrico implicarán una subida del precio de la luz del 3,2 %, según ha explicado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Este incremento se sumará al encarecimiento del 63 % registrado entre 2003 y 2011, ochos años en los que la factura eléctrica media anual de los hogares ha pasado de 360 a 588,5 euros y se ha situado entre las más elevadas de Europa, superada tan sólo por Irlanda y Chipre.
La subida de la tarifa eléctrica se aplicará a partir de agosto, según han explicado fuentes de Industria, que también han detallado que se tendrán en cuenta mínimos de renta para acogerse al bono social eléctrico, una tarifa congelada desde 2009 que volverán a pagar las empresas eléctricas. Actualmente tienen derecho al bono social las primeras residencias con potencias instaladas iguales o inferiores a los 3 kilovatios, así como los pensionistas de más de 60 años que cobren pensiones mínimas, las familias numerosas y aquellas con todos sus miembros en paro.
A partir del desarrollo normativo de los ocho reales decretos que incluirá la nueva ley del sector eléctrico, los beneficiarios de este bono deberán acreditar que no superan determinados niveles de renta. El objetivo es limitar el acceso a esta tarifa con precios congelados desde 2009 en el caso, por ejemplo, de las familias numerosas, ya que no todas tienen rentas bajas. Esta partida del bono social tiene un coste de unos 200 millones de euros.
En el conjunto de 2012 y 2013 y tras las medida adoptadas por el Ejecutivo para atajar el déficit de tarifa eléctrica, el recibo de la luz habrá subido un 8 %, ha añadido Soria, quien ha asegurado que si el Gobierno no hubiera hecho nada el encarecimiento habría tenido que ser del 42 % en esos dos años. Ante el problema del déficit de tarifa eléctrica, que suma ya 26.000 millones de euros y se genera porque los ingresos vía recibo de la luz son insuficientes para remunerar todos los costes que soporta el sistema, y si no se hubieran tomado medidas, sólo cabían dos alternativas: "la quiebra del sistema o el incremento de los precios al consumo por encima del 40 %", ha insistido Soria.
"Hemos intentado en todo momento perseguir el interés general (...) lo que a veces no coincide con los intereses particulares y legítimos de las empresas", ha apuntado Soria, quien ha subrayado que la reforma impulsada por el Ejecutivo "no se casa con nadie" y dará sostenibilidad y certidumbre al sector. Tras las medidas aprobadas en 2012 para atajar el déficit de tarifa, quedaban pendientes de resolver unos 4.500 millones de euros, que el Gobierno ha decido repartir entre empresas (2.700 millones), Presupuestos del Estado (900 millones) y consumidores (900 millones).
Si esos 4.500 millones hubieran recaído únicamente sobre los consumidores, el incremento del precio de la luz para este año habría sido del 19 %. Durante su intervención, el ministro de Industria ha desgranado la evolución de los diferentes costes del sistema eléctrico entre 2003 y 2011. Así, mientras en 2003 de los 360 euros que pagaba de media un consumidor, 12 euros correspondían a costes extrapeninsulares, 60 a primas a las renovables, 120 a distribución, 31 a transporte y 125 al coste de la energía.
Ocho años después, de la factura media de 588,5 euros, 47 eran para el pago de los extracostes, 253 de las primas que reciben las energías verdes, 176 euros a la distribución, 52 euros a transporte y 199 a la energía. El ministro ha apuntado que entre 2003 y 2012, dos de las grandes partidas que soporta el sistema, las primas a las renovables y el coste de amortización del déficit de tarifa, se han disparado un 567 %.
