Vivienda
Una marcha recorre el centro de Madrid por el derecho a una vivienda digna y sostenible
Los colectivos abogan por medidas "urgentes" como la limitación "sin demora" de los precios del alquiler en las zonas tensionadas de la región.
![Imagen de la macha por la vivienda en Madrid Imagen de la macha por la vivienda en Madrid](https://fotografias.antena3.com/clipping/cmsimages01/2025/02/09/37394EF6-9850-41B3-AB30-181BF81AC2EA/imagen-macha-vivienda-madrid_98.jpg?crop=6000,3376,x0,y266&width=1900&height=1069&optimize=low&format=webply)
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Casi 40 colectivos sociales agrupados en la plataforma Hábitat 24 han convocado una marcha para hoy por el centro de Madrid por una vivienda digna. Reclaman a la administración soluciones urgentes ante lo que consideran una "emergencia habitacional".
Bajo el lema 'Vivienda digna y sostenible ¡Ya!', la marcha ha recorrido la Glorieta de Carlos V (Atocha) y la Puerta del Sol. A ella han acudido colectivos de vivienda, vecinales, ecologistas, de derechos humanos, sindicales y sociales.
Sus promotores fueron los impulsores de la marcha que el pasado día 13 de octubre recorrió el centro de Madrid bajo el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio' y 'Se acabó. Bajemos los alquileres'. Tras aquella marcha, convocada a nivel nacional, estos colectivos pondrán ahora de manifiesto "el agravamiento de las condiciones de acceso a la vivienda, cuyos precios no han dejado de subir en los últimos meses, al igual que el número de desahucios de familias vulnerables" y denunciarán "la tibia respuesta mostrada por las administraciones".
El precio medio de la vivienda en España alcanzó un nuevo máximo histórico en el último cuatrimestre de 2024, un 12,5% por encima de los niveles máximos de 2007. La Comunidad lideró el ranking a nivel nacional con el precio más alto, 3.780 euros/m2, y la ciudad de Madrid se colocó a la cabeza de las capitales de provincia, con 4.517 euros/m2, según el Colegio de Registradores.
Según los convocantes, es una situación que las administraciones no hacen nada para solucionarla. "Especialmente sangrante ha sido la actitud de la Comunidad, cuyo empeño ha sido seguir favoreciendo los negocios de fondos de inversión, rentistas y especuladores, en ocasiones con la complicidad de ciertos ayuntamientos, entre otros, el de Madrid", explican.
Los impulsores de la marcha han cargado contra la Ley Ómnibus, "un buen ejemplo de legislar al dictado de los intereses del poder económico", o un Plan Vive que resumen como "un auténtico fracaso al priorizar los intereses de los inversores sobre el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna, adecuada y sostenible".
"Estamos viviendo una situación de emergencia brutal en la Comunidad de Madrid. Pero Ayuso está a otras cosas. Aquí el derecho a la vivienda no existe, es el salvaje oeste", ha explicado Laura Barrio, activista por la vivienda.
Qué reclaman en la marcha
Abogan por medidas "urgentes" como la limitación "sin demora" de los precios del alquiler en las zonas tensionadas de la región y la ampliación del parque de vivienda pública disponible. En este marco, también se censurará la postura de la Comunidad de "criminalizar" las situaciones de ocupación "cuando buena parte de ellas son fruto de la necesidad y la desesperación social".
Además y como prioridad reclaman un parque de vivienda pública "que en ningún caso pueda ser descalificada" y que deberá situarse aproximadamente "en la tercera parte de las viviendas totales". Para ello, ven necesario integrar las viviendas de la Sareb en la gestión de vivienda pública; reacondicionar viviendas fuera de uso; e incorporar a la gestión pública las viviendas vacías.
Defienden que habría que cerrar los pisos turísticos ilegales e imponer una licencia de actividad, un número máximo y su ubicación en zonas donde no haya demanda habitacional de larga duración.
Entre las casi 40 organizaciones que se integran en la misma están plataformas como Afectados por la Línea 7B de Metro, Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Usera y Arganda-Rivas, la FRAVM, Amnistía Internacional Madrid, sindicatos o la Plataforma cívica por el derecho a la luz en Cañada Real.
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