El secretario de Estado de la Seguridad Social y candidato del PP al Congreso por Valladolid, Tomás Burgos, ha calculado que la persecución del fraude en los últimos cuatro años ha servido para que unos 120.000 empleos "irregulares" y "miles de empresas ficticias" afloren en España.
Burgos ha cifrado en 11.000 millones de euros el ahorro generado para las arcas públicas con las medidas contra el fraude aplicadas por su departamento, entre las que ha destacado la modificación del Código Penal para considerar como delito el fraude a la Seguridad Social.
En su opinión, la legislatura que concluye ha servido para que la Seguridad Social disponga actualmente de "capacidades legales, administrativas y tecnológicas para perseguir de forma más efectiva el fraude", que en palabras de Burgos "perjudica gravemente no sólo los derechos de los trabajadores que cumplen, sino de aquellas empresas que se ven afectadas por una competencia desleal" de otras compañías que no pagan las cotizaciones.
Burgos ha destacado que otros ámbitos en los que la lucha contra el fraude ha dado resultados ha sido en el seguimiento de otras prestaciones sociales, como el engaño en la compra de medicamentos de personas que se hacen pasar por pensionistas o la utilización de tarjetas sanitarias de personas ya fallecidas, que según sus cálculos han realizado unas 200.000 personas en España.
Para el dirigente de la Seguridad Social, "el reto es que todas las personas que tengan derecho a la pensión la reciban y que las que no lo tengan no puedan recibirla".