Isabel Rodríguez, en el Congreso en plena crisis del alquiler: "Es necesario blindar el parque de vivienda y los suelos públicos"

Faltan viviendas en España, los alquileres están por las nubes y hay mucho malestar en las calles. Además, las advertencias de los socios de Gobierno cada vez son más tajantes: o se ponen soluciones o la legislatura puede estar en riesgo. En este clima, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados.

La vivienda se ha convertido en la encrucijada de la que depende la legislatura. Por lo menos, de esta manera lo ven los socios del gobierno de Sánchez. Sumar, hace tan solo unas horas, ha presionado a la ministra para que ofrezca "respuestas" y ha dejado claro que es capaz de pactar con el PP y no con el PSOE para sacar adelante una iniciativa contra las cláusulas abusivas. Todo esto, mientras el malestar se ha instalado ya en las calles. Primero con manifestaciones y, después, con acampadas de protesta que ya llevan días activas, como, por ejemplo, la de Valencia.

Isabel Rodríguez ha insistido en su comparecencia en el Congreso de los Diputados en que es necesario blindar el parque de vivienda y los suelos públicos para siempre, a la vez que ha lamentado que la descalificación de viviendas durante los años del 'boom' haya desencadenado en que hoy no se pueda contar con un parque público. Ante esto, asegura que las comunidades tienen mucho que decir y espera que se produzca un acuerdo unánime con ellas. Aún así, subraya que el Gobierno tiene otros instrumentos para hacerlo viable. "Hay que ser rigurosos porque no existen varitas mágicas, hay que evitar los palos en las ruedas. Hay muchas medidas que no van a tener efectos inmediatos pero sí van a contribuir a solucionar el problema", ha resaltado.

Rodríguez añadía que, al término de esta legislatura, espera haber sentado las bases para resolver este problema estructural y acabar con él para siempre a pesar de las complejidades. También ha destacado el refuerzo de recursos públicos para estas políticas y ha insistido en que desde que Pedro Sánchez es presidente se han movilizado 20.400 millones a políticas de vivienda.

Insiste en que ante esta emergencia social "no podemos ponernos de lado ni arrojarnos los trastos a la cabeza" y que hay que estar a la altura de la ciudadanía ante la gravedad de lo que supone este problema, que es una prioridad para esta legislatura y en la que el Ejecutivo va a seguir trabajando "sin descanso".

Isabel Rodríguez ha destacado que hay que poner más suelo público del Estado, no solo de Defensa, y sacar adelante la Ley del Suelo, así como que con unos nuevos presupuestos habría más fondos para vivienda.

Acerca de la Ley de Vivienda, ha recordado que el TC avaló el grueso de la misma y que van a proceder a agotar todo el margen de actuación para que las comunidades autónomas ejerzan su responsabilidad con determinación política y responsabilidad financiera con el fin de garantizar así el derecho a una vivienda digna y asequible, puesto que tienen los instrumentos para ello y queda mucho por desarrollar de la ley.

El nuevo índice del alquiler, "ultimándose"

La ministra Rodríguez comparece durante esta jornada en el Congreso después de la reunión de este martes en el Palacio de la Moncloa, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la titular de Vivienda se reunieron con casi 30 organizaciones sociales para abordar los problemas de acceso a la vivienda.

Al término de ese encuentro, la ministra indicó que el índice para regular la actualización anual de los contratos, que se está elaborando por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), está pendiente de "ultimarse" a la espera de la supervisión también de los equipos técnicos, tanto del Ministerio de Economía como del Ministerio de Vivienda.

La Ley por el Derecho a la Vivienda estableció que el INE definiría, antes del 31 de diciembre de 2024, un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda a partir de 2025, con el objeto de evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de alquiler.

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