Montero defiende que su Gobierno no subirá el IVA, aunque lo pida el FMI

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que su Gobierno no subirá el IVA aunque lo pida el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque no está vinculado al nivel de renta, y ha insistido en que subirán los impuestos a las grandes empresas, grandes patrimonios y por la compraventa de acciones.

Durante su comparecencia en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, Montero ha recordado que los Presupuestos de 2019 conllevarán una reforma fiscal progresiva para que las grandes rentas, patrimonios y corporaciones empresariales contribuyan algo más en la protección de los ciudadanos de clase media y trabajadora.

"Con más Educación y Sanidad pública, con pensiones actualizadas al IPC y con más recursos para dependencia", ha insistido, al tiempo que ha acusado al PP de "mentir" en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 porque faltaban cerca de 3.000 millones de ingresos que harán desviar el déficit de este año más allá del 2,2% del PIB que preveía el Gobierno de Mariano Rajoy.

Ha criticado que el PP no apoye la modificación de la Ley de Estabilidad que permitiría sortear el veto del Senado a una senda de déficit más flexible y ha afirmado que el anterior Ejecutivo ha utilizado las políticas de austeridad como coartada para desmantelar el Estado de bienestar.

"No hay justificación para ir más lejos de la propia senda que marca Bruselas y queda al descubierto la mentira del PP durante su Gobierno", le ha dicho al senador popular Juan Antonio de las Heras, que le ha reprochado que el FMI haya pedido ajustar el gasto precisamente en 6.000 millones de euros, el margen que daría el nuevo objetivo de déficit socialista. "Ustedes persisten en el error. Aumentar el gasto financiándolo con nuevos impuestos sólo contribuye a mermar la capacidad recaudatoria y a deprimir la economía", le ha dicho De las Heras.

Montero, sin embargo, le ha recordado que el FMI también ve "increíble" que el Parlamento no apruebe una senda más flexible que otorgaría 2.500 millones más a las pensiones, otros 2.500 millones a servicios públicos y 1.000 millones al Estado para invertir más, por ejemplo, en vivienda.

"El PP ha legislado contra las personas porque no cree que los servicios públicos tengan carácter redistributivo de la renta y piensan que quita mercado al ámbito privado", le ha respondido, al tiempo que ha incidido en avanzar en una nueva fiscalidad en el ámbito verde y tecnológico.