La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha explicado que las empresas han tenido dos meses para arbitrar un mecanismo, aquellas que no lo tenían, o para ajustarlo, por lo que "no va a haber moratoria". La ley quiere la autorregulación en las empresas y el acuerdo con los representantes de los trabajadores para que el registro de jornada se ajuste a las circunstancias de cada una, ha asegurado.
Por ello, aquellas que hayan iniciado las negociaciones "con rigor y responsabilidad" no serán objeto de control desde el mismo día que entre en vigor. "No va a haber un plan especial ni una lucha específica para descubrir aquellas empresas que el día 13 de mayo no tienen el registro", ha dicho la secretaria de Estado.
Ahora, si el 13 de agosto hay alguna que no lo tenga hay un "problema", ha dejado claro, al tiempo que ha asegurado que el objetivo es "crear cultura de cumplimiento de un elemento esencial del contrato" que las empresas deben cumplir. La obligación del control de la jornada "no es nueva", ha dicho Valdeolivas, lo que se hace con la nueva norma es instrumentalizar su documentación con un mecanismo que permita al trabajador tener una jornada previsible.
También posibilita al empresario controlar que se cumplen las jornadas, lo que beneficia a la productividad y ataja el absentismo, al tiempo que da un instrumento fiable y que otorga seguridad jurídica a la Inspección de Trabajo para intervenir si tiene indicios de que se está incumpliendo el horario de trabajo.
