Multa de 179 millones de euros a 5 aerolíneas por prácticas abusivas hacia los consumidores

El Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, ha impuesto una multa histórica de 179 millones de euros a cinco aerolíneas de bajo coste, entre ellas, Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea. Estas sanciones son consecuencia de diversas prácticas abusivas hacia los consumidores, incluyendo el cobro de suplementos por el transporte de equipaje de mano, la reserva de asientos contiguos para menores o personas dependientes y tasas desproporcionadas por la impresión de tarjetas de embarque en los aeropuertos.

¿Cuáles son las compañías más afectadas?

La aerolínea más afectada es Ryanair, con una sanción de 107,7 millones de euros, seguida de Vueling con 39,2 millones, EasyJet con 29,09 millones, Norwegian con 61 millones y Volotea con 1,18 millones. Esta decisión marca un precedente, ya que es la primera vez que la Administración General del Estado clasifica y sanciona estas infracciones como "muy graves" desde que asumió competencias sancionadoras en junio de 2022.

Además de las multas económicas, el ministerio ha ordenado que las aerolíneas cesen inmediatamente estas prácticas. Según el Ministerio de Consumo, el cálculo de las multas se basó en los beneficios ilícitos obtenidos por estas empresas. Ryanair ha sido señalada por cobrar hasta 20 euros a los usuarios que necesitan imprimir su tarjeta de embarque en el aeropuerto. Las sanciones también abarcan omisiones de información engañosa y falta de transparencia en los precios publicados, tanto en las webs oficiales como en plataformas de terceros, lo que dificulta la comparación de ofertas y afecta a la decisión de los consumidores.

Protección de los derechos de los pasajeros

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) calificó la medida como "desproporcionada" y alertó de posibles efectos negativos en los precios de los billetes y la competitividad de las aerolíneas. Sin embargo, organizaciones de consumidores como la OCU y Facua han celebrado la decisión como un paso decisivo en la protección de los derechos de los pasajeros. Estas asociaciones también han animado a los afectados a reclamar la devolución de los cobros indebidos a través de las autoridades de consumo de sus comunidades autónomas o mediante procesos judiciales.

Desde la implementación de estas prácticas en 2018, especialmente el cobro por equipaje de mano, las aerolíneas han estado bajo escrutinio público. En 2023, la Dirección General de Consumo inició una investigación para determinar si estas políticas infringían la normativa de protección al consumidor, concluyendo que muchas de ellas eran desleales o directamente abusivas.

Dos meses para recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional

Las aerolíneas sancionadas tienen un plazo de dos meses para recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional. En caso de que no presenten un recurso, las sanciones se harán efectivas y las compañías deberán abonar las multas impuestas.

Este hito en la política de consumo en España también refleja un cambio de tendencia en la regulación del transporte aéreo a nivel europeo. Varios países han comenzado a endurecer las normativas frente a abusos similares por parte de aerolíneas de bajo coste, con el objetivo de proteger a los consumidores y fomentar la transparencia en los precios.

Esta medida podría obligar a las aerolíneas a revisar sus estrategias y adaptarse a las nuevas regulaciones, evitando el riesgo de multas similares en otros mercados.

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