La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado este lunes una querella en la Audiencia Nacional en representación de más de 305.000 ahorradores contra la cúpula del Banco Popular en 2016, con el expresidente Angel Ron a la cabeza, por falsedad contable y estafa. La querella se ha interpuesto, además de contra Ron, contra el exvicepresidente del Banco Popular Roberto Higuera; el exconsejero delegado Pedro Larena; la empresa que auditó las cuentas de la entidad, PriceWaterhouseCoopers (PwC); además del socio firmante de esas auditorías. Es decir, la OCU pide responsabilidades a la cúpula que había en el Banco Popular en 2016 y no la que estaba al mando cuando quebró.
"La OCU quiere que todos los accionistas y bonistas sean indemnizados y llevar a los responsables ante la justicia. Consideramos que se han cometido dos presuntos delitos: falsedad contable y estafa a inversores, por lo que pedimos que se abran diligencias y se depuren responsabilidades", ha explicado a los medios de comunicación en la puerta de la Audiencia Nacional el abogado encargado de la querella, Eliseo Martínez.
La portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, ha apuntado que la organización no descarta emprender acciones por otras vías además de la penal, ya que la intención es "recuperar el dinero de los pequeños ahorradores que han visto que por una presunta falsedad contable han invertido cuando las cuentas eran otras muy distintas".
Invirtieron porque las cuentas "no eran reales"
La querella de la OCU se ha presentado en representación de más de 305.000 clientes que resultaron afectados en la última ampliación de capital del Banco Popular, en la que se aportaron unas cuentas que "no eran reales", motivo por el cual los consumidores invirtieron, ha añadido Izverniceanu.
En su opinión, los responsables de esto serían los directivos del banco en la etapa anterior a la entrada de Emilio Saracho, quien se puso al frente de la entidad en diciembre de 2016 y estuvo hasta la quiebra el pasado 7 de junio. Además, Izverniceanu señala a los organismos reguladores como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y "por supuesto el Ministerio de Economía; habrá que preguntarle al señor Luis de Guindos, que decía que el Banco Popular era solvente, qué ha ocurrido en dos semanas".
Saracho se vendía como "el Cristiano o el Messi de la banca"
El abogado Felipe Izquierdo es uno de los perjudicados por la quiebra de la entidad. "Me siento estafado. Compré acciones después de la dimisión de Ron y con la entrada de Saracho, que se nos vendía como un Cristiano Ronaldo o un Messi de la banca", ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación.
Izquierdo, que invirtió 20.000 euros y asegura que tiene "esperanzas" de recuperarlos porque este es un "caso de libro" y existe el "precedente de Bankia", ha explicado que la querella se dirige contra Ron y no contra Saracho porque considera que el primero es el "responsable del hundimiento del banco", ya que fue la cúpula que él dirigía la que "presentó las cuentas de 2016".
También opina que en España existe un "problema" con los organismos supervisores. "La CNMV nunca llega a tiempo, ni se la ve ni se la espera. Es un problema de los políticos; tendrían que sentarse para que empiecen a funcionar los órganos reguladores", ha afirmado.