El Parlamento griego aprobó un nuevo paquete de medidas acordado con los acreedores, que incluye una polémica ley sobre ejecuciones hipotecarias, a cambio de un nuevo desembolso del rescate y de fondos para la recapitalización de la banca. La votación, que salió adelante únicamente con los votos de los diputados de la coalición de Gobierno, contó con el rechazo de todos los partidos de la oposición y evidenció de nuevo las diferencias en el Ejecutivo.
Durante el debate en sesión plenaria, la oposición coincidió en rechazar la ley que contempla por primera vez, tras una moratoria de cinco años, la posibilidad de desahuciar a un deudor de su primera vivienda, una medida que el Gobierno de Alexis Tsipras había prometido no aplicar, al menos al 72 % de los hipotecados. El acuerdo alcanzado esta semana con la denominada cuadriga -Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional- solo contempla una protección absoluta para los propietarios de viviendas con ingresos muy bajos, que constituyen en torno al 25 % de la cartera de hipotecas morosas.
La votación de esta medida acusó de nuevo las disidencias dentro de la coalición de Gobierno formada por el izquierdista Syriza y el nacionalista Griegos Independientes (ANEL), que perdió a dos de sus diputados tras expulsarlos de sus respectivos grupos parlamentarios por no apoyar la votación. El Gobierno se queda así con 153 diputados de los 300 que tiene la Cámara.
El diputado de Syriza Gavriil Sakelaridis, portavoz del primer Ejecutivo de Tsipras, dimitió a petición del primer ministro y explicó que se sentía incapaz de contribuir a la aplicación de la política gubernamental. Rápidamente fue sustituido por el viceministro de Interior, por lo que su salida no afectó a la estabilidad gubernamental.
Las medidas aprobadas recogen también modificaciones sobre la ley que permite devolver las deudas con Hacienda y la Seguridad Social en cien plazos, la introducción de una tasa sobre los juegos de azar y un impuesto sobre el vino. Todo ello a cambio de recibir un tramo de 2.000 millones de euros del rescate y 10.000 millones para la recapitalización de la banca.
