El primer conjunto de medidas para el sector eléctrico ha entrado ya en vigor tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes "para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico".
En este primer bloque normativo se detallan algunos de los cambios anunciados por el Gobierno, que conllevarán una subida de la luz del 3,2% a partir de agosto y fuertes recortes para las empresas del sector.
Para empezar, se habilita a Industria para volver a revisar los precios de los peajes de acceso -parte regulada de la tarifa eléctrica y que supone casi el 70% del recibo- con una periodicidad máxima trimestral "cuando se produzcan circunstancias que afecten de modo relevante a los costes regulados o a los parámetros utilizados para su cálculo". También se detallan las reglas que fijarán el nuevo modelo de retribución para las renovables y cogeneración, que dejarán de funcionar con el actual sistema de primas.
La norma señala que, junto a lo que ingresen por ofertar su producción en el mercado eléctrico, recibirán una retribución adicional que cubra los "costes de inversión que una empresa eficiente y bien gestionada no recupere en el mercado", con el horizonte de garantizar una rentabilidad global del proyecto del 7,5%.
Para afrontar el cambio de sistema, se establece un periodo transitorio en el que se mantendrá el mecanismo actual de primas. La normativa también apunta que habrá un sistema específico para las renovables en Canarias y Baleares, y detalla los mecanismos para retribuir las actividades de transporte y distribución en base a una rentabilidad del 6,5%, aunque en lo que queda de año será inferior (en el entorno del 5,5%) para ajustar con lo percibido hasta ahora.
Con estos cambios -a los que se suman menores pagos en otras partidas como la disponibilidad de algunas centrales o el fin de suplementos y bonificaciones como el de eficiencia o energía reactiva-, las empresas, tradicionales y renovables, asumen un recorte de 2.700 millones de euros. Este recorte a las empresas, junto a 900 millones de euros que asumirán los Presupuestos Generales y otros 900 millones derivados de la subida de los peajes eléctricos a partir de agosto para los consumidores, suma los 4.500 millones con los que el Gobierno ha ajustado el desfase pendiente entre ingresos y costes del sector.
El agujero total del déficit acumulado supera los 26.000 millones. El real decreto-ley publicado fija que el Fondo de Titulización del Déficit Eléctrico (FADE) asuma con aval del Estado los 4.000 millones del déficit de tarifa que siguen directamente en los balances de las eléctricas. Asimismo, obliga a las eléctricas de Unesa a volver a asumir el coste del bono social, tarifa congelada desde 2009 a la que están acogidos unos 3 millones de consumidores y que supone unos 200 millones de euros al año. Y regula que los Presupuestos Generales del Estado únicamente financiarán el 50% del extracoste de generación eléctrica de los sistemas insulares y peninsulares, esos 900 millones.
El extracoste correspondiente a 2013 será incorporado en la Ley de Presupuestos Generales del año 2014. El Gobierno justifica este primer paquete de medidas urgentes ante la necesidad de garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico y de acometer una revisión del marco regulatorio que permita su adaptación a la coyuntura económica. El real decreto-ley articula, subrayan, "una serie de medidas, equilibradas, proporcionadas y de amplio alcance".
