El PSOE espera que la protesta de los pensionistas en varias ciudades de España sea "el inicio de una gran movilización social" en defensa del Estado de Bienestar "amenazado" por las políticas del PP, con el "apoyo" de Ciudadanos.
En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, la 'número dos' del partido, Adriana Lastra, ha valorado que los pensionistas "no se resistan a ver cómo la derecha desmantela" el sistema público de pensiones porque su propuesta es, a juicio de los socialistas, incentivar los planes privados.
Lastra ha anunciado que el martes próximo el Grupo Socialista registrará una proposición de ley en el Congreso muy similar a otra que ya presentaron en 2016 --y vetó el Gobierno-- para revalorizar las pensiones, como mínimo, en función de la subida del IPC, que en noviembre pasado se situó en el 1,6%. Esta iniciativa, como pronto, podría llegar a debatirse en junio próximo, según los cálculos del PSOE.
La vicesecretaria general se ha quejado de que la Comisión del Pacto de Toledo abierta en el Congreso para buscar un acuerdo en materia de pensiones está bloqueada porque el Gobierno se niega a poner una propuesta encima de la mesa. Que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, confíe en un acuerdo del Pacto de Toledo antes de primavera no tiene "ninguna credibilidad" porque también niega que las pensiones se hayan congelado. Lastra ha advertido de que los pensionistas no sólo han perdido poder adquisito por la congelación de facto de su pensión (han subido un 0,25%) sino que por cada euro de esa ínfima subida tienen que pagar cuatro por el copago farmacéutico, que los socialistas también quieren eliminar.
El PSOE, ha añadido Lastra, seguirá con las asambleas que desde enero organiza por todo el territorio español para escuchar las inquietudes de la ciudadanía --en su gran mayoría participan militantes del PSOE-- en materia de pensiones y presentar sus propuestas de solución.
Los socialistas apuestan por aumentar los ingresos de la Seguridad Social, fundamentalmente subiendo los salarios y librándola de gastos que nada tienen que ver con pensiones y deberían asumir los presupuestos. Pero también con la creación de dos nuevos impuestos (uno sobre la banca y otro sobre transacciones financieras) con los que calculan una recaudación de unos 1.600 millones de euros, exactamente lo que se ahorra el Gobierno con la congelación de las pensiones.
