El puerto de Las Palmas empieza a desalojar los barcos-casa: "Si la ley lo permite, no me voy a ir"

El Puerto de Las Palmas ha comenzado a llevar a cabo el desalojo de los residentes que viven en sus embarcaciones, en su mayoría personas que han optado por esta forma de vida por motivos económicos o filosóficos.

Según Antonio Pérez, funcionario del Ministerio de Hacienda que reside en su barco desde 2016, el proceso afecta a unas 70 personas que habitan de manera permanente en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. Para Pérez, este desalojo no solo pone en riesgo sus hogares, sino que también representa una amenaza para la dignidad de quienes viven en los barcos: “Si la ley dice que yo puedo vivir en mi barco, no me voy a ir de aquí”.

Álex es alemán y otro afectado por la situación. Aún no ha recibido la carta pero sabe que la policía portuaria está buscándole para entregársela, si se la dieran tiene claro lo que haría: “Luchar, como Antonio”. Su barco es su hogar durante las semanas en las que está en Las Palmas tratando de repararlo para volver a navegar.

Manuel también vive en vilo desde que recibiera la carta, quiere pagar las tasas de amarre pero no le dan facilidades para poder saldar su deuda con la autoridad portuaria, está desesperado: “yo si encuentro otro sitio al que irme, regalo el barco”

Multas de hasta 60.000 euros

Antonio Pérez, quien está empadronado en su embarcación desde 2022, relata que ha recibido una carta de desalojo con un plazo de diez días para abandonar su amarre. La Autoridad Portuaria, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha comenzado a enviar estas cartas a los afectados, que incluyen una multa de hasta 60.000 euros en caso de no cumplir con la orden.

Pérez describe este proceso como una táctica de “amedrentamiento” que está afectando a personas con diferentes circunstancias personales, como jubilados, enfermos, trabajadores y familias con niños.

Giuseppe vive con su pareja y su hija de 14 años en su barco, mudarse significaría cambiar toda su vida y la de esta niña, además de su estilo de vida. Tampoco ha recibido la carta porque se ha negado a recogerla. Toda esta situación le parece absurda pues hay gente que llega al muelle y vive también en su barco esporádicamente, piensa batallar.

No les quieren cobrar las tasas de amarre

Pérez, junto a otros afectados, denuncia que la Autoridad Portuaria ha dificultado el proceso de pago de las tarifas, negándose a recibir el dinero por transferencias y emitiendo cartas de desalojo sin previo aviso. El funcionario Antonio Pérez también señala que algunos de los afectados han sido víctimas de coacciones, mencionando el caso de un vecino con problemas cardíacos, que asegura que la Policía Portuaria golpeaba su barco por la noche. Esta situación, según Pérez, ha generado un ambiente de tensión e inseguridad entre los residentes del muelle.

El desalojo está poniendo a las personas afectadas en una situación insostenible, ya que muchos no tienen otro lugar donde ir. Muchos se han organizado para recurrir a la batalla legal para intentar frenar el proceso y conservar sus hogares. Para ellos, vivir en sus barcos no es solo una cuestión de necesidad, sino también de estilo de vida y de derechos fundamentales amparados por la legislación española.

A pesar de las amenazas y la incertidumbre, los afectados están decididos a luchar por lo que consideran su hogar.

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