El Gobierno propone gravar con un 4,8% los ingresos de la banca: ¿cómo se evitará que repercuta a los ciudadanos?

PSOE y Unidas Podemos han registrado en el Congreso la norma que regulará los nuevos impuestos a la banca y a las empresas energéticas. Con estos nuevos impuestos, el Gobierno tiene previsto recaudar 7.000 millones de euros -3.000 millones del impuesto a la banca durante los dos años que esté en vigor- y 2.000 millones cada año por el impuesto a las energéticas (4.000 millones en total).

Una de las dudas que surgen de este nuevo impuesto a la banca es si repercutirá en los usuarios, en los consumidores. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que estará prohibido por ley que bancos y energéticas trasladen los nuevos impuestos a los ciudadanos, unos impuestos que se anunciaron en el Debate del Estado de la Nación.

¿En qué consiste el impuesto a la banca?

El Gobierno ha propuesto -según recoge las proposiciones de ley registrada en el Congreso- gravar con un tipo del 4,8% los intereses y las comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros.

Este impuesto a los bancos será "temporal", es decir, solo estará en vigor durante dos años, sobre los ejercicios 2022 y 2023. El Ejecutivo pretende recaudar 3.000 millones de euros -1.500 millones de euros cada año-.

Así será el impuesto a las energéticas

El Ejecutivo gravará con un tipo del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año, y tendrán una sanción aquellas empresas que trasladen el impuesto a los clientes.

Está previsto que las energéticas cuyo negocio no alcance el 50% de la facturación, se excluya al grupo económico del pago de la prestación patrimonial.

Estará vigente durante los años 2023 y 2024 y buscará recaudar 4.000 millones de euros -2.000 millones de euros al año- de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.

¿Cómo se evitará que repercuta a los ciudadanos?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que se prohibirá por ley que los bancos y energéticas trasladen a los clientes los nuevos impuestos.

Por lo tanto, en las proposiciones registradas en el Congreso sobre los nuevos impuestos, el Gobierno establece una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) -y el Banco de España, con quién colaborará la CNMC- se encargarán de velar de que no se repercuta el gravamen sobre los clientes.