Las quejas al Defensor del Pueblo aumentan un 36% en un año respecto por la crisis económica y los recortes de las administraciones, hasta alcanzar las 33.478 reclamaciones, según el Informe Anual de 2012 presentado en el Congreso de los Diputados por la dirigente de esta institución, Soledad Becerril.
"Las cifras que en este informe se ofrecen denotan las dificultades económicas por las que la sociedad ha atravesado", señala este organismo en la introducción de su memoria anual. Así, en 2012 se han tramitado un total de 280.592 expedientes, de los que 33.478 son quejas, 371 son de investigación de oficio, y, la mayoría, 246.743, son de solicitudes de inconstitucionalidad y amparo.
Del total de expedientes tramitados, el 91,5% (256.869) se refieren a las áreas de 'empleo, educación y cultura', la mayor parte de ellos (253.095) impulsados por funcionarios, personal laboral y estatutario de la Administración General del Estado (AGE), Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales.
Asimismo, el 2,6% de los expedientes (7.303) se refieren a cuestiones de sanidad y política social; el 2,5% (7.083) a seguridad y justicia; el 1,8% (5.057) a economía y hacienda; el 0,8% (2.336) a medio ambiente y urbanismo; y el 0,6% (1.814) a temas de migraciones e igualdad de trato.
Precisamente en el área sanitaria el Defensor del Pueblo registró en el último año un total de 1.674 expedientes de queja, casi el triple de los 595 notificadas el año anterior, la mayoría relacionadas con la reforma sanitaria impulsada por el Ministerio el pasado mes de abril y por las medidas adoptadas por las comunidades.
Según destaca el Defensor del Pueblo, 2012 ha supuesto un "punto de inflexión" en los motivos de las quejas, que hasta ahora habían sufrido una tendencia progresiva hacia aspectos cualitativos, es decir, exigencias de calidad y excelencia. Sin embargo, en el último año han aumentado las quejas relacionadas con limitaciones en el acceso y por el nivel de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, "con el trasfondo de la actual crisis económica y financiera".
Quejas por la reforma sanitaria
Gran parte de las quejas vienen derivadas del Real Decreto-ley que la ministra de Sanidad, Ana Mato, impulsó el pasado mes de abril para garantizar la sostenibilidad del SNS, del que el Defensor del Pueblo ha analizado también su posible inconstitucionalidad concluyendo que plantea "problemas de legalidad ordinaria".
Uno de ellos ha sido el referente a la universalidad del SNS y a la condición de asegurado para tener derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha provocado un cambio en la Ley de Extranjería del 2000 y ha dejado a los inmigrantes en situación irregular sin derecho a una asistencia sanitaria gratuita del sistema público, a excepción de para menores de 18 años, supuestos de carácter urgente y asistencia al parto.
Otro aspecto de la reforma sanitaria del Gobierno que ha suscitado un "elevado número" de quejas ha sido el nuevo sistema de copago farmacéutico.
