El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha recurrido a la Audiencia Provincial la instrucción del caso en el que un juzgado de Madrid le investiga por delitos fiscales, corrupción y blanqueo, ya que considera que se están quebrantado sus derechos al acordar pruebas "a espaldas" de su defensa.
Así lo expresa el exministro en un recurso de apelación en el que añade que esta vulneración, "constante y reiterada", se constata tanto en las prórrogas del secreto sobre la causa, que se sigue en el juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, como en los cuatro meses de demora en la entrega del sumario de la pieza principal.
La defensa del que fuera director gerente del FMI reitera al instructor del caso que considere la práctica de nuevas pruebas, ya solicitadas por Rato en febrero, apenas un mes después de que se levantara el secreto sobre la pieza que investiga una supuesta corrupción entre particulares.
En concreto, requería diversos documentos a Bankia, entre ellos la evaluación -con la identidad de sus autores- de las agencias de publicidad y centrales de medios que se presentaron al concurso de adjudicación de la marca en diciembre de 2010, pruebas que consideran "esenciales" para poder valorar el resultado de una convocatoria finalmente concedida a Publicis y Zenith.
Pero también exigía información acerca de las condiciones económicas de las agencias que trabajaron antes del concurso para las siete cajas que pasaron a conformar Bankia, así como información que explicaría el proceso de integración de los órganos y servicios que operaban en éstas.
Sin embargo, tal y como contempla el recurso, el juez optó por rechazar dicha pretensión, al considerar que lo que se investiga en esta causa es el presunto cobro de comisiones a través de Albisa, propiedad de Alberto Portuondo, considerado uno de los supuestos testaferros del exministro, y Kradonara 2001, epicentro de la red societaria de Rodrigo Rato.
En relación a ello, el proceso denuncia la adjudicación de la campaña publicitaria del debut bursátil de Bankia a Zenith y Publicis, ahora investigadas -o imputadas, como se denominaba antes de la reforma del Código Penal-, tras el sospechoso pago de unos 2 millones a Portuondo, entonces asesor del banco y de las empresas.
El fisco sospecha que unos 835.000 euros habrían acabado en la "sociedad opaca del señor Rato" ingresos "no tributados correctamente" que habrían ocasionado un fraude al fisco de cerca de 280.000 euros entre 2011 y 2012, aunque la defensa del exministro ha presentado ante el juez documentos que justificarían que esos pagos proceden de trabajos profesionales.
Por todo ello, considera "esencial" que el juez rectifique y admita dichas pruebas, de cara a comprobar si además del cobro de comisiones "presuntamente indebidas", se incumplieron las obligaciones en la contratación de servicios profesionales, bases jurídicas del delito atribuido por Anticorrupción.
