Rebajan la petición de penas de prisión para los imputados por el fraude de los cursos de formación vinculados a UGT

Comienza este macrojuicio contra nueve acusados por un presunto fraude en el uso de subvenciones públicas recibidas entre 2006 y 2009 por la Fundación para el Desarrollo Social de Canarias, vinculada al sindicato UGT, con el objetivo de llevar a cabo cursos de formación. Durante este tiempo la fundación recibió más de 2 millones de euros que ni se usaron para el fin para el que estaban presupuestados, ni se devolvieron, a pesar de las reclamaciones realizadas por el Servicio Canario de Empleo. Según la fiscalía, casi la mitad de ese dinero, destinado a cursos para la orientación y el empleo, fueron destinados a otros fines.

El fiscal y la acusación particular piden penas de hasta 14 años de prisión y multas que superan los 5,4 millones de euros. Penas que se han visto reducidas en relación a la petición inicial ya que en las cuestiones previas en las que el Fiscal se ha adherido a la acusación que ejerce el Gobierno de Canarias, reduciendo así la petición de pena por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y rebajándolas de cuatro a dos años y medio de prisión. Se ha retirado la acusación.

Las nuevas penas oscilan entre uno y 16 años de cárcel al haber retirado algunos de los cargos que se les imputaba.

Tanto a la expresidenta de la Fundación como a la exsecretaria se les mantiene el delito continuado de estafa además de tres de los cuatro delitos por fraude. El ejecutivo regional pide más de un millón de euros en indemnizaciones.

Por su parte las defensas de los acusados alegan que algunos de los delitos ya habrían prescrito.

Este miércoles declaran los primeros testigos

El juicio continuará este miércoles con la declaración de los primeros testigos y se espera que los acusados declaren en las sesiones finales de la vista.

Para la vista, la justicia a previsto un total de 16 jornadas. Un juicio que tiene lugar quince años después de que se comenzarán a investigar los hechos.

La investigación comenzó en 2010 y se prolongó durante más de doce años. A lo largo de todo este tiempo llegaron a declaran más de un centenar de testigos y aunque en un principio había más de una treintena de investigados. Entre ellos se encuentran los que fueran presidentes del patronato de la Fundación, las exsecretarias y los exvocales. Finalmente fueron catorce los procesados, aunque la Fiscalía sólo acusa a nueve de ellos. También están personados como acusación los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y un grupo de extrabajadores y profesores de la fundación vinculada al sindicato UGT.

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