El sector bancario y de servicios financieros acapara el 72,6 % de las reclamaciones que ha recibido la asociación de consumidores Facua en el primer semestre del año, seguido a mucha distancia de las compañías de telecomunicaciones, automovilísticas y energéticas.
Según ha informado en un comunicado Facua, las reclamaciones a la banca han constituido el principal motivo de queja de los usuarios y han aumentado significativamente con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando supusieron el 9,1 % de las denuncias totales.
Las reclamaciones por supuestos fraudes de las compañías de telecomunicaciones se han colocado en segundo lugar
En este apartado, las cláusulas suelo y los gastos de formalización de las hipotecas han sido las denuncias más recurrentes y han supuesto el 66,9 % del total de consultas de asesoramiento realizadas a esta organización.
Las reclamaciones por supuestos fraudes de las compañías de telecomunicaciones se han colocado en segundo lugar en este ranking de Facua, con el 6,5 % de las denuncias hasta junio. En este caso, los motivos más habituales de queja por parte de los consumidores han sido el incumplimiento de ofertas comerciales, la facturación de servicios no solicitados por los usuarios y la aplicación de penalizaciones abusivas cuando solicitan la baja.
Las denuncias al sector automovilístico han alcanzado el 4,6 % de las denuncias durante el primer semestre, provocado por el caso de la manipulación de los motores diésel por parte de las filiales del grupo Volkswagen.
Las compañías eléctricas han acumulado el 3,5 % de las reclamaciones, provocadas en su mayoría por supuestos engaños a los usuarios para que cambien de comercializadora de electricidad o gas con promesas de tarifas más bajas que en realidad incrementan las facturas, así como diversas falsificaciones de contratos. Entre enero y junio Facua recibió un total 46.250 peticiones de asesoramiento y sus equipos jurídicos emprendieron 17.010 reclamaciones, frente a los 6.405 del mismo periodo de 2016.
Facua ha criticado la "inacción" de las administraciones centrales y autonómicas a la hora de hacer frente a las irregularidades de las empresas que cometen fraudes, y ha calificado de "escandalosa tibieza" las medidas y multas que se aplican contra ellas.
