El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que a los controladores "no les puede salir gratis" el conflicto montado en puertas del puente de la Constitución y, por tanto, ha dicho, hay que exigir responsabilidades al colectivo y el Gobierno "se las va a exigir". Rubalcaba, en declaraciones a RNE, ha subrayado que el Gobierno va a impedir que esto vuelva a pasar y que mecanismos tiene para ello en la Constitución.
"Hemos demostrado que no nos va a temblar el pulso para hacer, con la ley en la mano, lo que tengamos que hacer", ha añadido. El vicepresidente primero del Gobierno ha señalado que los controladores tienen que dar cuenta de sus responsabilidades, porque "no se puede abandonar el puesto de trabajo, marcharse a casa pretextando no sé qué enfado y dejar tirado a los ciudadanos en los aeropuertos. Por tanto, hay que exigir responsabilidades y las vamos a exigir", ha manifestado.
Para ello, ha explicado que existe la vía laboral, es decir, la relación laboral de AENA con sus controladores; y la vía judicial, donde a su vez se abren dos canales: la vía penal, donde la Fiscalía reclamará responsabilidades, y la civil, abierta para todos aquellos que se vieron perjudicados por el caos aéreo provocado por los controladores (viajeros, aerolíneas, hoteleros...).
Rubalcaba ha señalado que este "intrincado jeroglífico jurídico" ya está en marcha y que será la justicia quien determine si hay que pagar y, en su caso, quién tiene que pagar. El vicepresidente ha indicado que el conflicto de estos días con los controladores surgió a raíz del cálculo "peculiar" que hizo el colectivo sobre las horas que tenían que trabajar.
Como algunos empezaban a abandonar sus puestos alegando que ya habían trabajado las horas estipuladas, empiezan a surgir problemas de personal, y esto se convierte, según Rubalcaba, en una "mancha de aceite que se va extendiendo".
"Los controladores sabían que iban a montarla, porque eso lo paramos. Si no, la mancha de aceite se habría extendido también en Navidades", ha indicado el vicepresidente, que ha considerado que el argumento de los controladores de que el Gobierno les había provocado resulta "infumable".
"Desde que soy pequeño, mi vida y la de muchos españoles ha estado asociada a los controladores: en el verano eran el bañador, la playa y los controladores; en Semana Santa eran el tiempo y los controladores; en Navidad, los polvorones y los controladores. Han formado parte de nuestra vida, pero no para bien. De lo que se trata ahora es que de eso no pase y el controlador pase a ser como un maestro, un médico, es decir, un trabajador que cobra de la administración pero que no amenaza periódicamente a los ciudadanos para defender sus privilegios", ha dicho.
Acabar con los privilegios
Para Rubalcaba, todo lo ocurrido "no es más que un episodio de una guerra que trata de desmontar un edificio de privilegios que se ha construido durante muchos años por parte de los controladores". El ministro ha añadido que nadie se atrevía con este colectivo hasta que llegó José Blanco al Ministerio de Fomento. "No puede haber 2.000 trabajadores que periódicamente le echen un pulso, no al Gobierno, sino a los ciudadanos y al Estado", ha comentado.
Preguntado por si la crisis de los controladores ha beneficiado de alguna manera al Gobierno, el vicepresidente primero ha indicado que, la noche de autos, cuando estalla el conflicto, en ningún momento salió en sus conversaciones con Blanco y con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que esto podría mejorar la imagen del Gobierno.
"Es una crisis y a ningún Gobierno le gusta la crisis. piensas en poder arreglarlo y antes de tomar una decisión como la de declarar el estado de alarma uno se lo piensa mucho. no me gustan mucho los estados de, ni el de alarma, ni ninguno", ha comentado Rubalcaba, que ha agregado que si el Ejecutivo tiene que ir al Parlamento a prorrogar el estado de alarma, "vendrá". En cuanto a las dudas sobre la legalidad de declarar el estado de alarma, Rubalcaba ha explicado que se estuvo discutiendo un par de horas el encaje jurídico de esto en el Consejo de Ministros extraordinario, al que se invitó al Fiscal General del Estado y al Abogado del Estado. "Ninguno puso pegas", ha apuntado el vicepresidente.
