La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, ha dicho que el Gobierno aplaza un año "de momento" la puesta en marcha de un fondo de capitalización para el despido, similar al austríaco, porque exigiría una subida de las cotizaciones sociales o un aumento de recursos en los presupuestos.
En una entrevista en televisión, Salgado se refirió a la entrada en vigor de ese fondo, que, según el texto de la reforma laboral, debería estar en funcionamiento el 1 de enero de 2012. El fondo de capitalización es un depósito que podrían utilizar los trabajadores en supuestos de despido o de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.
Salgado indicó que un estudio elaborado por expertos para el Ministerio de Trabajo señala que es mejor aplazar la entrada en vigor de ese fondo para más adelante, de momento un año. En cuanto a la situación de España, admitió que aún se encuentra dentro de los países con "desequilibrios macroeconómicos", pero aseguró que, "aunque faltan cosas por hacer", el país está mejor que hace unos meses, y añadió que es la zona del euro en su conjunto la que está en "el punto de mira".
Afirmó que aunque le inquieta la subida de la prima de riesgo (que a la hora de la entrevista se había situado en 292 puntos básicos), lo importante, a su juicio, es que las emisiones de deuda soberana española siguen teniendo "una demanda suficiente". La vicepresidenta aseguró que la reforma laboral está empezando a "dar sus frutos" y citó como ejemplos el incremento en la conversión de contratos temporales en fijos, la flexibilidad interna en materia de jornada y salarios, y el aumento de expedientes de reducción de jornada. Salgado también habló del techo de gasto recientemente aprobado por el Gobierno, que supondrá una reducción de los presupuestos de un 3,8 %.
Aunque descartó más recortes en los salarios de los funcionarios o de las pensiones, aseguró que las partidas de gasto se seguirán ajustando y que "el presupuesto será austero". Por otro lado, la ministra de Economía aseguró que la incertidumbre vivida en el debate sobre la reforma de la negociación colectiva se debió al cambio de posición de un grupo parlamentario -que no citó-, que primero dijo que se iba a abstener y luego manifestó que votaría en contra. En este sentido, resaltó que el Gobierno y el PSOE hicieron su trabajo y negociaron con ese grupo para conseguir que se abstuviera.
La reforma gubernamental salió adelante por 169 votos a favor (PSOE), 159 en contra (PP, ERC, IU-ICV, BNG y UPyD) y 20 abstenciones (CiU, PNV, CC y UPN).
La vicepresidenta segunda se refirió también a la polémica de los desahucios y a la posibilidad de que las hipotecas puedan ser canceladas con la entrega de la vivienda. Recordó que esta posibilidad ya está prevista en las leyes, pero ello implicaría que los bancos prestaran menos porcentaje que actualmente, en torno al 50 % del precio del inmueble, o exijan una entrada más elevada, y se mostró favorable a que las entidades sean "más transparentes" a la hora de informar sobre dicho sistema.
En cuanto al nuevo plan de ajuste en Grecia, que el Gobierno heleno deberá aprobar esta semana como condición previa para que la UE ponga en marcha el segundo rescate, la vicepresidenta aseguró que "no se baraja como hipótesis" que no salga adelante. Aunque mostró sus dudas acerca del apoyo de la oposición griega a los nuevos recortes, afirmó que el Gobierno de Yorgos Papandréu tiene mayoría absoluta, por lo que el plan se aprobará. Explicó que el próximo 11 de julio el Consejo de Economía y Finanzas (Ecofin) de la Unión Europea aprobará la disposición de fondos para los griegos y se avanzará en el nuevo paquete de ayudas
