Reseñas y opiniones
Sanciones de hasta 100.000 euros a las empresas que falsifiquen sus reseñas
Las empresas deberán indicar si las reseñas que acompañarán a sus bienes y servicios son de personas que realmente los han usado o adquirido.
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La modificación de la Ley General para Defensa de los Consumidores y de la Ley de Competencia Desleal, que regula la información necesaria que han de incluir los empresarios en la oferta de bienes y servicios, en particular, en lo que se refiere a las reseñas efectuadas por los consumidores y usuarios, entrará en vigor este sábado.
En concreto y a partir de ahora, las empresas deberán indicar silas reseñasque acompañan a sus bienes y servicios son de personas que realmente los han usado o adquirido, además de acompañar una información clara y detallada sobre la manera en que se procesan dichas reseñas.
De esta forma, el incumplimiento de estos requisitos será considerado una práctica desleal por engaños y las sanciones podrían llegar a los 100.000 euros en el caso de las que se califiquen con muy graves o de hasta ocho veces el beneficio que se haya obtenido de forma ilícita cuando la infracción se comete en España, y de hasta el 4% del volumen de facturación cuando se cometan infracciones en varios países de la Unión Europea.
Un informe de la OCU en 2019
LaOrganización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha celebrado su entrada en vigor, ya que ha recordado que las reseñas falsas, compradas o interesadas ('fake reviews') no es raro encontrarlas a la hora de adquirir un producto por Internet. La organización constató en 2019 la existencia de empresas que ofrecían una comisión o sus productos gratis a cambio de una valoración positiva.
Así, tras analizar mediante técnicas de 'Big Data' más de 6 millones de opiniones sobre 47.000 productos y servicios, OCU detectó que un elevado porcentaje de ellas podrían ser 'fake reviews': hasta un 8,4% de los productos en Amazon, hasta un 6,2% de los hoteles en TripAdvisor y hasta un 2,1% de los de Booking.
OCU recuerda que trasladó los resultados de este informe tanto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) así como a la Dirección General de Consumo de los que no recibió respuesta alguna.
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