El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no procederá a la valorar la reclamación de responsabilidad contra el Estado presentada por Santander, CaixaBank y Bankia, en la que solicitan la devolución de los 1.350 millones de euros que aportaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas Castor, en Vinaròs (Castellón), hasta que lleve a cabo su estudio.
Fuentes del gabinete dirigido por Álvaro Nadal señalaron que el Ministerio "aún no ha podido estudiar la reclamación" presentada por las entidades financieras. Así, indicaron que el Ministerio "no tiene constancia, por tanto, de los argumentos en los que se basaría la reclamación y que hasta que no se estudie no podrá proceder a su valoración".
Santander, CaixaBank y Bankia han formulado este viernes ante el Gobierno una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre de Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS, según han informado fuentes jurídicas.
La reclamación formulada por las entidades explica que la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley, decretada el pasado 22 de diciembre por una sentencia del Tribunal Constitucional, no debe ocasionar "ninguna pérdida" a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. En este sentido, exponen que si no reciben la devolución de la financiación, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras.
En la reclamación, Santander, CaixaBank y Bankia ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas. De este modo, las tres entidades han ofrecido que, en lugar de devolver de modo inmediato todo el importe reclamado, el Estado lo devuelva de modo gradual, en los mismos términos y con las mismas condiciones -de tipo de interés y de plazo, fundamentalmente- en que estaba previsto en el Real Decreto-ley 13/2014.
