La Comisión Europea pedirá con toda probabilidad a España que recupere las ayudas públicas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011. Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
La decisión final se adoptará en la reunión semanal del colegio de comisarios y, aunque habrá debate, será "muy difícil cambiar" la fecha de 2007, según han informado fuentes conocedoras de las negociaciones.
El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, planteaba inicialmente que se reembolsaran las ayudas recibidas desde 2005, fecha en que Bruselas lanzó una investigación sobre un sistema francés similar. Pero los jefes de gabinete alcanzaron el lunes un acuerdo para retrasar la fecha hasta 2007.
Esta última modificación en la decisión de Bruselas se produjo tras la llamada telefónica del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, para interceder por los astilleros españoles, en la que le dijo que "defender un sector estratégico como el naval es una obligación de las instituciones" comunitarias.
Desde el departamento de Industria del Ejecutivo comunitario, que dirige el vicepresidente Antonio Tajani, se ha seguido insistiendo en retrasar hasta 2009 la fecha a partir de la cual hay que devolver las ayudas.
La nueva fecha de 2007 ha sido considerada insuficiente tanto por las principales comunidades autónomas afectadas, entre las que se encuentran Galicia, País Vasco y Asturias, como por los representantes del sector.
La asociación de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar) ha dicho este martes que la devolución de las ayudas recibidas entre los años 2007 y 2011 supondría "la desaparición de los astilleros españoles".
El ministro de Industria, José Manuel Soria, reclamó la semana pasada en una reunión con Almunia que sólo deban recuperarse las ayudas posteriores a 2011, fecha en que Bruselas lanzó su investigación sobre el 'tax lease' español. Utilizó como argumento la "total inacción" del Ejecutivo comunitario, pese a que el régimen español estuvo en vigor desde 2002.
Asimismo, la anterior comisaria de Competencia, Neelie Kroes, defendió la legalidad del sistema español en una carta remitida al Gobierno noruego en 2009. Sin embargo, el vicepresidente de la Comisión respondió que la misiva de Kroes "no se puede tomar en consideración desde el punto de vista jurídico".
Soria cifró en más de 2.000 millones de euros las ayudas que el sector deberá reembolsar en caso de decisión negativa de Bruselas y tanto él como los presidentes autonómicos que le acompañaron -el vasco Iñigo Urkullu, el gallego Alberto Núñez Feijoo, y el asturiano Javier Fernández- alertaron de que ello pondría en riesgo la supervivencia del sector y 87.000 puestos de trabajo.
La delegación española alegó además que la exención de astilleros y armadores de la obligación de devolver las ayudas no resuelve el problema porque los astilleros se quedarán sin financiación. En cambio, Almunia alega que desde noviembre del año pasado existe un nuevo sistema de bonificaciones fiscales que ha sido aprobado por Bruselas y que la industria española es puntera y podrá beneficiarse de nuevos encargos.
