Los portavoces del sector naval de CCOO, UGT y CIG de la ría de Vigo han urgido este miércoles al Gobierno de España que elabore la lista de beneficiarios del anterior tax-lease y de las cifras a reembolsar, si es posible este mismo mes, ahora que "está en su mano".
En una rueda de prensa en el astillero Vulcano, donde, al igual que en otros de la comarca, trabajadores y delegados protagonizaron un encierro como última medida de presión antes de la resolución del Colegio de Comisarios, han advertido de que no tolerarán que se rebaje la intensidad reivindicativa del frente común español.
"Que nadie se vaya de vacaciones hasta que se resuelva todo", ha aseverado Ramón Sarmiento, de CCOO, quien ha recalcado que los trabajadores del naval no permitirán "que se relaje o se intente dinamitar" la unidad de acción entre el Gobierno central, los de Asturias, Galicia y País Vasco, las patronales y los sindicatos.
Han abundado en que no están dispuestos a que "se vuelva a perder el tiempo", tal y como ha apuntado César Rodríguez, de la CIG, desde la apertura del expediente hace dos años, y han avisado de nuevas movilizaciones y acciones de protesta si aprecian una relajación en la ofensiva política y diplomática de las últimas semanas.
A falta de conocer los detalles de la resolución del expediente abierto al anterior sistema español de bonificaciones fiscales, los portavoces sindicales han considerado que Bruselas deja "un margen" a España para que "gestione las consecuencias" del mismo, que obliga al reintegro de las cuantías entre 2007 y 2011.
Por eso, han insistido en reclamar celeridad en las gestiones que tenga que hacer el Ejecutivo español, que tras el pronunciamiento de hoy de la Comisión Europea ya tiene "plenas competencias".
"Que demuestren con hechos concretos hasta dónde van a llevar esa apuesta que están haciendo" por el naval, ha enfatizado Sarmiento, quien ha exigido "decisiones" para dar seguridad jurídica a los armadores interesados en hacer pedidos en los astilleros de Vigo, que cuentan con "expectativas reales de recuperación de actividad".
Diego Atanes, de UGT, ha concluido, tras escuchar las palabras de Almunia sobre las modificaciones introducidas en su dictamen en base a los argumentos jurídicos que fue recibiendo en los últimos días, que se confirma "el absoluto desdén" de las administraciones hacia la crisis del sector.
Cree que en este asunto "tres claros culpables": la Comisión Europea y en especial el responsable de Competencia, Joaquín Almunia; el Gobierno central y la Xunta, a la que ha acusado de actuar con "la más absoluta opacidad" y de tratar con "absoluto desprecio" a los trabajadores del sector.
Atanes ha avanzado que el viernes los representantes de las tres centrales consensuarán las acciones futuras, pero ha dado por sentado que aprobarán un nuevo calendario de movilizaciones y de medidas de presión.
