Las últimas encuestas autorizadas señalan que alrededor del 65% de votantes rechazará la propuesta de organizaciones sindicales y partidos de izquierda y verdes, que buscan a través de esta forma revertir la tendencia que denuncian de una desigualdad salarial cada vez mayor. Esta es la primera vez que los suizos, que son convocados a votaciones populares cuatro veces por año sobre las más diversas cuestiones, se pronunciarán sobre la introducción de un salario mínimo. Sin embargo, su previsible rechazo no deja de causar sorpresa en otras partes del mundo.
La Confederación Helvética forma parte de la minoría de países europeos que carece de una legislación que establezca una remuneración mínima, como sí la tienen 21 de los 28 países de la Unión Europea -bloque al que Suiza no pertenece-, aunque a niveles muy inferiores al propuesto en el referéndum. En los países comunitarios que no cuentan con esa protección salarial, la gran mayoría de empleados están amparados por un convenio colectivo, mientras que en Suiza sólo uno de cada dos trabajadores lo está.
Para los iniciadores del referéndum, esto deja desprotegidos a la mitad de trabajadores, que en general son los que realizan los trabajos menos calificados y que reciben los salarios más bajos en uno de los países más caros del mundo. El alquiler de un apartamento ordinario de cuatro piezas (dos habitaciones, un salón y una cocina, considerada como una pieza) supera los 1.300 euros y, al no existir en Suiza seguridad social, cada individuo debe pagar un seguro privado de salud, incluidos los niños.
Una prima promedio representa un desembolso de alrededor de entre 330 y 350 euros mensuales por adulto y de unos 75 euros por niño, a lo que se agregan los costos de alimentos y otros servicios básicos, que son significativamente superiores a la media europea. Las cotizaciones sociales, incluida la de jubilación, suponen además la deducción del 15% del salario bruto. Los medios empresariales y representantes de los sectores que más emplean mano de obra poco calificada (hostelería, limpieza y servicios domésticos) se oponen rotundamente al establecimiento de un salario mínimo y aseguran que su aprobación sería muy perjudicial para los pequeños y medianos empresarios, que generan dos tercios de los empleos en Suiza.
