El Pleno del Supremo, dividido sobre quién debe pagar el impuesto de hipotecas

El pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo reanudará este martes su reunión sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, interrumpida tras ocho horas de deliberación.

Con una pausa para el almuerzo, los 28 magistrados reunidos -de los 31 que forman el pleno uno se ha ausentado por encontrarse de viaje, otro por presidir la Junta Electoral Central y un tercero, tras alegar motivos personales- retomarán a partir de las 10.00 horas el análisis de la reciente sentencia que hacía recaer en las entidades financieras el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, pero no especificaba su alcance.

Este lunes han hablado solo 9 de los 28 jueces que han asistido a la reunión. Han sido los dos ponentes y siete más. Entre ellos, tres han defendido que se desestimen los recursos y se quede todo como antes, aunque esto es imposible porque hay tres sentencias firmes.

El pleno está dividido y las posibilidades muy abiertas. Se ha apuntado el asunto de la prescripción, pero no se ha entrado en él. Será este martes cuando se abarque en profundidad, si es que se estiman los recursos, es decir, si se decide que paguen los bancos. Según fuentes internas, la decisión final irá en esta decisión.

La sentencia no precisaba si la banca debe asumir la citada tasa a partir de ahora o, por el contrario, hacerlo también con las hipotecas suscritas en los últimos cuatro años -plazo de prescripción del impuesto- o incluso con aquellas firmadas con anterioridad a esa fecha.

El "negocio inscribible", aclaraba la sentencia, es la hipoteca, y el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca.

Sólo un día después del fallo conocido el pasado 18 de octubre, el presidente de la sala, Luis Díez Picazo, anunció que dado el "giro radical" en la jurisprudencia y la "enorme repercusión económica y social" provocados por la sentencia, se convocaba un pleno para aclarar los cabos sueltos.