El Gobierno catalán ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta de decreto ley que, gracias a su "robustez jurídica", blinda que los entes locales puedan obligar a contratar con una hora de antelación los servicios de vehículos de alquiler con conductor, los VTC, si se cumplen una serie de requisitos. El nuevo redactado ha enojado a los representantes de la patronal Unauto VTC, que agrupa a empresas como Uber y Cabify, que han acusado a la Generalitat de "ceder al chantaje" del taxi y han anunciado que se irán de Barcelona si se aprueba.
Cabify, sin embargo, se ha apresurado a precisar que aún no han tomado ninguna decisión al respecto. A quien no ha desagradado el texto ha sido a los taxistas, que este martes votarán en asamblea si avalan la propuesta de la Generalitat y, en consecuencia, desconvocan la huelga que bloquea el centro de la capital catalana desde hace cinco días. "Tenemos mucho más de lo que teníamos", ha asegurado un portavoz de Élite Taxi.
El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha sido el encargado de trasladar las modificaciones a las partes implicadas -sindicatos de taxistas, representantes de VTC y técnicos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB)- en varias reuniones que se han celebrado a lo largo de la tarde en la sede del departamento que encabeza.
"No hemos cedido a ningún chantaje, nos hemos reafirmado en nuestra posición. No lo hacemos en favor ni en contra de ninguna marca; las licencias VTC seguirán operativas, pero atendiéndose a las condiciones marcadas", ha sostenido en rueda de prensa. El consejero, que ha apuntado que el Gobierno de Cataluña quiere aprobar este decreto ley el próximo martes, ha insistido en que la única voluntad del Ejecutivo catalán es "regular" el sector para garantizar la convivencia entre taxis y VTC para beneficiar, en última instancia, a los ciudadanos.
Sobre el contenido de la norma, ha detallado que la norma autonómica sigue fijando un plazo mínimo de precontratación de 15 minutos, pero concreta y dota de seguridad jurídica todos los condicionantes, por ejemplo medioambientales, por los cuales este tiempo se podría ampliar.
Los encargados de decidir si se dan los supuestos para poder ampliar el cuarto de hora inicial de precontratación son los entes locales como el AMB, en el caso de la metrópolis barcelonesa. Otras medidas que incluye la normativa que promueve el gobierno catalán son obligar a que los VTC desactiven la geolocalización cuando no tengan un servicio en marcha, que no puedan estacionar en la calle y que deban volver a la base después de cada carrera.
Todas estas son medidas que exigía el sector del taxi, que este martes ha atemperado sus protestas tras los incidentes registrados ayer, cuando llegaron a las puertas del Parlamento de Cataluña y cortaron la Ronda Litoral, donde dañaron varios vehículos VTC. En vísperas de la reunión con la Generalitat, no obstante, la consigna ha sido otra: calma, nada de alborotos y a esperar antes de tomar "medidas más contundentes", como cortar la frontera con Francia.
Como la reunión con la consejería ha terminado en un conato de acercamiento, los taxistas han dejado en suspenso cualquier decisión sobre movilizaciones hasta que la asamblea se pronuncie sobre si acepta o no la nueva oferta del gobierno catalán. En el momento de la votación, los taxistas ya sumarán seis días de protestas, en los que han mantenido el tramo central de la Gran Vía de Barcelona bloqueado, tal y como ya habían hecho antes en verano. La diferencia, esta vez, es que no solo los taxistas han decidido colapsar el tráfico: decenas de VTC también han tomado parte de la avenida Diagonal para mostrar músculo.
