El Tribunal de Cuentas detecta que 30.000 muertos siguen 'cobrando' una pensión

El Tribunal de Cuentas ha detectado que 29.321 pensionistas supuestamente fallecidos siguieron cobrando su pensión en el año 2014 por un importe de, al menos, 25,3 millones de euros sólo en la nómina de diciembre de ese año. Así lo asegura el Tribunal de Cuentas en un informe de fiscalización referido a ese año, en el que señala, además, que de el 95 % de los fallecidos (un total de 27.860) seguía cobrando la pensión en octubre de 2015.

El 'Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ejercicio 2014', aprobado por el Pleno del Tribunal, alerta de "deficiencias" en el control de la Seguridad Social en el fallecimiento de pensionistas cuya prestación se seguía pagando y en el "elevadísimo" nivel de error por parte del INE en la identificación de los muertos.

El Tribunal de Cuenta detecta estos errores al cruzar los datos de beneficiarios de las prestaciones y decesos registrados en el INE. En su análisis el Tribunal también ha observado una "deficiente comunicación" entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la Tesorería.

El Tribunal advierte de "lagunas" en el control que el INSS realiza sobre el fallecimiento de los perceptores de una pensión, debido, sobre todo, a las "carencias" de la información que remiten la Dirección General de los Registros y del Notariado y el INE. También se achaca a los criterios establecidos por el INSS para efectuar el cruce informático, "que no garantizan que a partir de la información disponible se detecten y se den de baja a todos los pensionistas fallecidos".

El Tribunal afirma que el INSS no tiene establecido un control de vivencia de los beneficiarios de una pensión "y las entidades financieras colaboradoras en el abono de las pensiones tampoco efectúan de manera sistemática dicho control".

Estas "lagunas" han determinado que durante el periodo 2012-2014 haya prescrito el derecho a reclamar las deudas por un importe de, al menos, 10,28 millones de euros. Por ello, el Tribunal insta a las entidades financieras a que efectúen un control de vivencia de los pensionistas y que remitan la correspondiente comunicación, y a las direcciones provinciales a que realicen de manera sistemática un control, al menos trianual, con el fin de interrumpir el plazo para que opere la prescripción.

En relación a la detección de los deudores por cobros indebidos de prestaciones, se señala que se estaban reclamando con dos años de retraso los complementos a mínimos de las pensiones percibidos indebidamente por incompatibilidad con los ingresos del beneficiario. Según señalan, esto supone un riesgo de cobro indebido del complemento a mínimos en los años sucesivos, ya que la normativa vigente no permite la suspensión cautelar en los casos de reincidencia.