El Tribunal de Cuentas juzgará los días 10 y 11 de octubre próximos al expresidente catalán Artur Mas y a los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, por su posible responsabilidad contable en los gastos de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
El Tribunal de Cuentas notifica la fecha del juicio y acuerda que Mas y los tres exconsellers, que ya fueron condenados a penas de inhabilitación por un delito de desobediencia al organizar el 9N, declaren el día 10 de octubre, en el inicio de la vista. En el proceso, que se inició a raíz de la demanda presentada por las entidades Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, se exige a Mas, a los exconsellers y a otros exaltos cargos del Govern cerca de cinco millones de euros por supuestas responsabilidades contables por el dinero que destinaron a la organización de la consulta.
Concretamente, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas reclama a Mas y a dos exaltos cargos del Govern que devuelvan a las arcas públicas el dinero que cree gastaron en la organización de la consulta, al entender que nunca tuvieron la intención de desactivarla pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
En diciembre del año pasado, el Tribunal de Cuentas ordenó el embargo preventivo de la vivienda del expresidente de la Generalitat Artur Mas y de otros inmuebles depositados como garantía por los exconsellers, para cubrir la fianza de 5,2 millones de euros que le impuso. Entre los gastos que, para la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, podrían generar responsabilidades contables figuran la campaña de publicidad institucional del 9N y otras operaciones que en algún caso fueron sufragadas con dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
En concreto, la Fiscalía reclama a Bertrán Saura, Joana Ortega y Artur Mas 74,05 euros del registro de la web institucional, y a Josefina Valls Villa, Joana Ortega y Artur Mas otros 163.953,31 euros por la fabricación del material y el transporte. De la adquisición de ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de votación, que costaron 2.800.735,13 de euros, responsabiliza a Rigau y Mas, en tanto que de la campaña de publicidad institucional, en la que se gastaron 806.403,52 euros, culpa a Ignasi Genovés Avellana, Jordi Vilajoana Rovira, Francesc Homs y Artur Mas. A Josefina Valls, Joana Ortega y Artur Mas les pide otros 1.409,26 euros por la ampliación del contrato de seguro para incluir a los voluntarios que participaron en la organización de la consulta. Cifra en 727.600,56 euros el coste de la elaboración del soporte necesario para celebrar la consulta del 9N y cita como responsables a Lluís Bertrán Saura, Joana Ortega, Francesc Homs y Artur Mas. Por el envío de información reclama 307.962,71 euros a Jaume Domingo Planas, Francesc Homs y Artur Mas, mientras que por los gastos del centro de prensa para la cobertura informativa de la consulta del 9N pide 144.244 euros a Homs y Mas.
En cuanto al contrato menor para el diseño de la campaña del proceso participativo, de 21.767,90 euros, menciona a Josefina Valls, Joana Ortega y Artur Mas, y del otro contrato menor, cuyo proveedor asegura el fiscal que fue Benecé Produccions, SL., responsabiliza a Teresa Prohias Ricart, Francesc Homs Artur Mas, por un importe de 21.767,90 euros. Además, el Ministerio Fiscal solicita que se condene al pago de las cantidades en que se cifran los perjuicios a los responsables contables y que se indemnice a la Generalitat de Cataluña en 4.935.002,38 euros, al Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) en 20.214,77 euros, al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) en 28.915,41 euros y al Estado en 11.785,78 euros.
