El Tribunal Supremo estudia el recurso de Rodrigo Rato por las tarjetas 'black'

Presidida por el magistrado Miguel Colmenero, la sala Segunda también analizará si ratifica las penas dictadas por la Audiencia Nacional para los otros 63 consejeros y directivos condenados por gastar más de 12 millones de euros de la entidad. Ninguna de las partes ha solicitado la celebración de una vista previa como sí ha sucedido recientemente en procesos como Noós, por lo que la deliberación se hará a puerta cerrada; las fuentes consultadas no prevén que la sala dé a conocer el fallo hoy. En febrero de 2017, la Audiencia Nacional condenó a Blesa a seis años de prisión y a Rato, a cuatro años y medio, por apropiarse indebidamente del patrimonio de la extinta entidad a través del sistema de las tarjetas "black".

La sentencia impuso además dos años y medio de prisión al ex director general de medios de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj como colaborador y cómplice, en tanto que castigaba a los otros 62 con penas de entre cuatro años y tres meses de prisión. La sección cuarta de la sala de lo Penal aseguraba que todos conocían la previsión legal de la tarjeta corporativa, a pesar de lo cual "le dieron el uso particular que tuvieron por conveniente contra el caudal de la caja".

El suicidio de Blesa dio un giro a las actuaciones el pasado julio, y si bien quedó extinguida su responsabilidad penal se mantuvo la civil, como dicta la ley. Su desaparición deja a Rato al frente de una lista en la que figuran nombres como el del exvicepresidente de la caja y antiguo representante de IU José Antonio Moral Santín (cuatro años de cárcel); el expresidente de la CEOE y de Marsans Gerardo Díaz Ferrán; el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno (dos años); o el exlíder de la patronal madrileña Arturo Fernández y el exconsejero Javier López Madrid (seis meses). En su recurso, el exvicepresidente del gobierno advertía de que los magistrados de la Audiencia Nacional "ignoraron o devaluaron" hechos supuestamente probados por las defensas.

Al respecto, afeaba que el tribunal aseverara que los condenados "entrañaron un sistema opaco frente a los organismos internos y externos" cuando todos ellos explicaron en el juicio que las tarjetas fueron inspeccionadas por el fisco, y declaradas en 2014 como gastos deducibles por el actual equipo de Bankia. Defensas al margen, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), sindicato que ejerce la acusación popular, también recurrió ante el Supremo, al que pide que aumente la condena a Rato y Sánchez Barcoj por el presunto delito de administración desleal descartado por la instancia anterior.