El Tribunal Supremo examina si es legal la proporción de 30 taxis por cada VTC

La Sala Tercera del Tribunal Supremo comenzará a examinar si es legal la proporción de 30 licencias de taxi por cada una de vehículos de alquiler con conductor (VTC), vigente desde el real decreto de 2015 sobre VTC, que limita de esta manera su circulación en las ciudades españolas.

La CNMC, que ha pedido la nulidad de este y otros dos preceptos del real decreto de 2015, ha hecho hincapié en su escrito en que el 30-1 mencionado impone restricciones a la competencia. El regulador opina que el 30-1 coloca "barreras que limitan la entrada y la capacidad de competir" de los VTC, que intermedian las plataformas Uber o Cabify. Además, "reduce la competencia" en el mercado de transporte urbano de viajeros con conductor y "afecta negativamente" a los precios, la calidad, la innovación y al bienestar general.

En la otra parte, Fomento, la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña defenderán los postulados de aquel real decreto, en una causa en la que se ha personado también Fedetaxi, la organización mayoritaria de los taxistas españoles. Fedetaxi interpreta este recurso de la CNMC como un "ataque" al sector del taxi y como un pulso entre el organismo regulador, el Ministerio de Economía, Uber y Cabify, por un lado, y el Ministerio de Fomento y los taxistas, por otro.

La paradoja de la proporción 30 taxis por cada licencia VTC es que en los próximos meses, a pesar de la restricción que impone la norma, llegarán al mercado más de 10.000 nuevas licencias VTC. Estas nuevas licencias VTC surgen por el vacío legal que sobre la materia se produjo entre 2009 y 2012, cuando hubo una liberalización del sector que dio paso a cientos de peticiones de licencias y recursos judiciales.

La inminente citación en el Supremo supondrá el primero de los asaltos en la pugna que mantiene el taxi con los servicios de VTC en el mercado del transporte urbano de viajeros con chófer. A este recurso contencioso-administrativo le seguirá otro que planea interponer la CNMC en contra del real decreto que sobre este tipo de vehículos aprobó el Gobierno el pasado 29 de diciembre.