Este lunes por la mañana ha tenido lugar una nueva reunión entre el equipo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, liderado por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y el de la Vicepresidencia segunda, encabezado por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, para tratar la futura Ley de Vivienda.

Fuentes de Unidas Podemos aseguran que la negociación de la Ley de Vivienda se encuentra estancada debido a la resistencia por parte del PSOE a cumplir con el acuerdo de Gobierno en lo referente a la regulación del alquiler.

Podemos asegura que el equipo de Transportes ha insistido de nuevo en su apuesta por los incentivos fiscales "sin presentar datos que avalen que esta medida antisocial pueda repercutir en una bajada de precios del alquiler y alineándose con las tesis del PP en lugar de hacerlo con las del bloque de investidura".

En esta línea, apuntan que en el encuentro para tratar la Ley de Vivienda se han abordado los mecanismos para abordar la movilización de vivienda vacía. En este punto existe un desacuerdo importante entre los PSOE y Podemos, aunque se están aproximando las propuestas para establecer algún tipo de recargo fiscal que penalice la tenencia de vivienda vacía.

Estas son las propuestas del PSOE

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha propuesto de cara a la futura Ley de Vivienda que se fije un porcentaje mínimo del 50 % para la vivienda protegida en alquiler dentro del suelo sujeto a algún régimen de protección pública con el objetivo de impulsar este mercado.

El Ministerio también propone una definición clara para que los Ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la Ley.

En esta nueva reunión de los equipos negociadores, el Ministerio ha propuesto una definición clara para que los Ayuntamientos puedan aplicar el recargo del IBI a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal tasadas por la Ley.

Procedimiento de desahucio

En materia de desahucios, el Ministerio propone mejoras en el procedimiento de desahucio que pueda afectar a la vivienda habitual de hogares vulnerables para garantizar una comunicación efectiva y rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales a través de un requerimiento para que estos evalúen la situación y, en su caso, atiendan rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social.

También piden asegurar que los Servicios Sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado dentro de la Ley de Vivienda, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo.

En el proceso de elaboración del Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, se busca introducir criterios objetivos para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica (con independencia de los criterios que puedan establecerse para determinar la vulnerabilidad social), a fin de agilizar el procedimiento y la respuesta.