Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) adoptaron la primera lista negra de paraísos fiscales del club comunitario, en la que finalmente se han incluido 17 países y jurisdicciones. La lista incluye a Samoa Americana, Baréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palaos, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.
Esas jurisdicciones no se han comprometido a adoptar reformas en sus políticas fiscales durante el proceso en el que Bruselas ha realizado análisis a 92 territorios para comprobar si cumplen los criterios de los Veintiocho sobre transparencia, fiscalidad justa, erosión de la base imponible y traslado de beneficios de un territorio a otro. En 2018, la Unión les enviará una carta para explicar la decisión de calificarlas de paraíso fiscal y cómo pueden abandonar esa lista negra.
Así, estarán sujetos a sanciones comunitarias y nacionales, si bien los Estados miembros no pactaron las medidas concretas que se aplicarán en cada país de la Unión Europea a las jurisdicciones, sino que han establecido una serie de medidas entre las que pueden elegir. Estas incluyen una mayor vigilancia de determinadas transacciones, exigencia de determinados documentos o retenciones a la fuente sobre los pagos a estas jurisdicciones.
El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, dijo que para el Ejecutivo comunitario "hubieran sido preferibles penalizaciones más fuertes" e instó a los Estados miembros a seguir trabajando en 2018 para adoptar "medidas defensivas más potentes". Dombrovskis precisó que las sanciones previstas a nivel comunitario afectan a las normas que rigen el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI) y su mandato sobre préstamos externos. "No podrán canalizarse fondos de estos instrumentos a través de entidades de los países de la lista. Solo la inversión directa y la ayuda al desarrollo estarán permitidas", declaró. En cuanto a los 47 países que sí han adoptado compromisos con los Veintiocho, forman parte de un listado "gris" en el que figuran Andorra, Perú, Uruguay, Marruecos, Turquía o Suiza.
Estos deberán realizar modificaciones en sus normas impositivas para finales de 2018, salvo los países en vías de desarrollo sin centros financieros, que tendrán de plazo hasta la conclusión de 2019. Si no cumplen con los tiempos y Bruselas detecta mediante su supervisión que no se ejecutan las reformas, podrían entrar a formar parte de la lista negra.
La mayoría de los Estados y territorios en este documento ha aceptado aumentar su transparencia, mejorar la cooperación y el intercambio de información con los Veintiocho, eliminar determinados regímenes fiscales "perjudiciales" (caso andorrano y uruguayo) y ratificar acuerdos internacionales sobre la materia (caso de Perú). "Debemos aumentar la presión sobre los países de las listas para que cambien sus formas. Las jurisdicciones de la lista negra deben afrontar consecuencias en forma de sanciones disuasorias, mientras que aquellas que han hecho compromisos deben darles seguimiento con rapidez y credibilidad", afirmó en un comunicado el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.
Ambas listas se actualizarán al menos una vez al año y se publicará un primer informe intermedio sobre los progresos logrados a mediados de 2018. En el caso de las jurisdicciones afectadas por desastres naturales recientes, como los huracanes de este último año, la Unión Europea acordó detener el proceso de forma temporal, pero se les exigirá abordar las preocupaciones de los Veintiocho "tan pronto como mejore la situación", con el objetivo de resolverlas para finales de 2018.
De hecho, se contactará con ellas en febrero del año próximo para dar los primeros pasos. Por otro lado, los ministros de Economía y Finanzas aprobaron nuevas reglas sobre el IVA en el comercio electrónico que pretenden facilitar la recaudación del impuesto y evitar el fraude en las transacciones entre países. Las normas establecen una ventanilla única para toda la Unión Europea con el objetivo de que cada compañía realice en un solo lugar los trámites relativos al IVA de las ventas a distancia efectuadas dentro del club comunitario. Además, introducen un segundo portal para las ventas a distancia realizadas desde países no pertenecientes a la UE siempre que su valor sea inferior a los 150 euros. Los titulares económicos también acordaron cerrar el procedimiento por déficit excesivo al Reino Unido, pues ha logrado situar el indicador por debajo del 3 % del PIB.
