46 policías nacionales, a un paso de ir a juicio por las cargas del 1-O en Cataluña

46 policías nacionales quedan a un paso del juicio por las cargas del 1-O. La Audiencia de Barcelona ha respaldado la decisión del juez al considerar que las imágenes apuntan a que podrían haber incurrido no solo en delitos leves de lesiones sino también contra la integridad moral.

Este caso podría acabar incluyéndose en la Ley de Amnistía que se está negociando en el Congreso entre PSOE y 'Junts'. En el auto, la Audiencia ratifica el "criterio objetivo" del juez instructor, ya que no se basa en "meras conjeturas o sospechas", sino que se apoya en el resultado de las diligencias, especialmente en las imágenes y vídeos, si bien reconoce que deberá ser el plenario quien acabe dictando sentencia "si es que el juicio llega a celebrarse".

La sección tercera de la Audiencia Nacional defiende que el juez instructor llevó a cabo una "extensa y nada fácil investigación" y que actuó con "criterios racionales, coherentes, objetivos y desapasionados, sin atisbo alguno de contaminación política o ideológica, que es más de lo que puede decirse del contenido de algunos recursos". Consideran que el auto que impugnaron tanto las defensas como las acusaciones cumple de forma "exquisita" con las exigencias de la ley, pues ofrece una "descripción detallada e individualizada" de los hechos imputados, de las personas contra las que se dirige el procedimiento y de los indicios que justifican mantenerles en la causa, con unas conclusiones "racionales, coherentes y motivadas" que la sala "comparte plenamente".

También añade que algunos agentes argumentaron que no se encontraban en el lugar concreto o que no fueron autores de los hechos que se les atribuyen. Afirmaciones que "quedan desmentidas por las imágenes de las grabaciones y algunas fotografías".

La sala también se opone a revocar la imputación de algunos mandos que no intervinieron directamente en las cargas ya que a los que no se les ha apartado de la causa ha sido porque existen indicios que acreditan que su conducta activa u omisiva "fue determinante" a la hora de causar las lesiones". En la misma línea comparte también la decisión de apartar a la Generalitat como acusación particular, al concluir que los daños materiales en los accesos a las escuelas públicas en que se celebró el 1-O quedan amparados por la orden judicial que ordenaba a los agentes impedir la votación.

Por último señala la "obsesiva pretensión" de algunas de las acusaciones para que se investigue a todos los mandos policiales del 1-O.

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