Caso Koldo
El juez del Supremo retira el pasaporte Ábalos y le obliga a comparecer cada 15 días
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la retirada del pasaporte, una petición que ha sido apoyada por la acusación popular del PP.
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El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha comparecido este jueves por segunda vez ante el Tribunal Supremo. Lo hace como investigado tras el suplicatorio, y con la posibilidad de que el juez adopte medidas cautelares contra él. Tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente ha ordenado la retirada del pasaporte al exministro y le obliga a comparecer cada 15 días
El ministerio público había solicitado esta medida -que ha sido apoyada por la acusación popular del PP-, y también que se le imponga la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado, según fuentes jurídicas a EFE. El exministro, que ha respondido a las preguntas del juez y del fiscal, se ha ratificado en la declaración que ya prestó el pasado 12 de diciembre.
En el auto del Supremo, el juez detalla que "las medidas cautelares de naturaleza personal que han sido interesadas aquí por las acusaciones no es solo que resultan precisas, en atención a la particular gravedad de los hechos delictivos que se le atribuyen, con el fin de asegurar, en la medida razonablemente posible, que el investigado no pueda en lo porvenir sustraerse a la acción de la justicia y que comparecerá en la causa cuando fuere llamado, sino que también resultan plenamente proporcionadas en tanto, solo de forma ligera e indispensable limitan el ejercicio de su libertad ambulatoria, máxime cuando, conforme explicó su propio Letrado, don José Luis Ábalos no tiene previsto ni precisa emprender viaje alguno al extranjero".
El pasado 12 de diciembre, Ábalos ya declaró de manera voluntaria en una comparecencia en la que negó haber cobrado comisionesilegales por parte del empresario Víctor de Aldama a cambio de favores políticos o contratos públicos durante su etapa en el ministerio.
En aquel momento, el exministro respondió a todas las partes, a excepción de la acusación popular del PP, habrá que ver si ahora, ya imputado formalmente, sigue el mismo mecanismo o prefiere guardar silencio a las preguntas que le formulen. El magistrado instructor apuntó en su resolución a la posterior celebración de una comparecencia para valorar si sería necesario adoptar medidas cautelares contra el exministro.
Ábalos criticó esto último en su recurso contra el auto del juez, en el que cuestionó que buscase indagar en su "vida y obra" con una investigación "amplia y genérica" que se extiende a su hijo. Tras el aval del Congreso para proceder contra Ábalos, el juez acordó una batería de informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre los que se encuentran un informe sobre la situación económico-patrimonial del exministro "a la mayor brevedad posible".
También solicitó otro informe de las llamadas relativas a Ábalos, a su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, con especial referencia a los mensajes que este último pudo haber intercambiado con el exministro, con el ministro Ángel Víctor Torres o con el dirigente del PSOE Santos Cerdán. Entre el 25 de febrero y el 5 de marzo, el juez tiene previsto escuchar los testimonios de 17 testigos.
El caso Koldo "va a escalar"
Ábalos se ha considerado el cortafuegos del PSOE en el caso Koldo mientras que ha advertido de que este "va a escalar", puesto que hay "interés" y se trata de una "operación política".
En una entrevista recogida por EFE, afirmaba que afronta su declaración "como un trámite" y que, en el caso de la investigación sobre su patrimonio, está "muy tranquilo" ya que sus cuentas están "bastante peor" que antes de pasar por el Gobierno. "Estoy peor que antes de estar en el Gobierno. Tengo mucho menos", ha asegurado, antes de destacar que ahora está "contrayendo más deuda".
Considera que el caso Koldo es en realidad "una operación política" que "va a escalar" por interés: "Se ve claramente en la declaración de Aldama. Con su confesión se arrojaba la culpa sobre mí, porque con lo que tenían investigado no tenían nada. No tenían La Castellana, tenían solamente un alquiler de un chalé y mi relación sentimental con una persona".
Acerca del piso de La Castellana que firmó con Víctor de Aldama, el exministro ha asegurado que no le dio "ninguna importancia" y que, en cualquier caso, fue "un amago de contratar que nunca se llevó a cabo", al explicar que no se produjo la entrega de las llaves. "Ahora bien, para la propaganda funciona genial porque todo el mundo cree que yo tengo un piso en La Castellana. No tengo nada que ver con ese piso. No sé ni qué planta era, no he estado en mi vida, no lo he podido disfrutar jamás y no he pagado nada", decía.
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