La Abogacía del Estado ya está estudiando la decisión del Parlament de convocar un referéndum en 2017

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que la Abogacía del Estado ya está estudiando la decisión del Parlament de convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, con o sin el aval del Estado, como muy tarde en septiembre de 2017.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría se ha pronunciado en estos términos después de las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y contra el diputado y exportavoz de la Generalitat, Francesc Homs, y tras el respaldo del Parlament a celebrar un nuevo referéndum independentista.

Después de recalcar que la Abogacía del Estado ya está estudiando esta aprobación para analizar la manera proceder al respecto, ha sido tajante en su mensaje a los independentistas, a quienes ha asegurado que no van a llegar a "ningún objetivo" que sea contrario a la soberanía nacional.

La vicepresidenta ha dejado claro que el Estado de derecho seguirá actuando de la misma manera ante la repetición de "errores" por parte de los independentistas, que, a su juicio, están copiando la hoja de ruta del anterior presidente catalán, Artur Mas, bajo cuyo mandato se convocó la consulta del 9 de noviembre, que fue declarada inconstitucional.

Una hoja de ruta que ha sido "deslegitimada" reiteradamente por los tribunales, por lo que ha vaticinado que el resultado "será exactamente el mismo" ante la misma actuación, "repetitiva hasta la saciedad". Respecto a los siguientes pasos a seguir, se ha comprometido a seguir en la misma línea que hasta ahora, informando de ellos a partidos como el PSOE o Ciudadanos.

Preguntada sobre si las diversas resoluciones judiciales hacen "mella" o no en los soberanistas, Sáenz de Santamaría ha dicho desconocer el ánimo personal de cada uno de ellos y los motivos que les llevan a seguir en esa línea, aunque ha insinuado que podrían estar ligados a la moción de confianza a la que se sometió la semana pasada el presidente catalán, Carles Puigdemont.