En un informe dirigido al Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado ha evitado manifestarse a favor o en contra de la concesión del indulto a los condenados por el 'procés' catalán. Ahora, el Tribunal Supremo, como tribunal sentenciador, debe emitir un informe preceptivo, pero no vinculante para el Gobierno, que será el que decida.
"No corresponde manifestarse sobre la justicia"
En dicho informe, la abogada del estado, Rosa María Seoane, recuerda que como parte integrante de la Administración General del Estado "no corresponde manifestarse sobre la justicia o conveniencia del indulto o sobre la forma o concesión de la medida de gracia".
Para evitar posicionarse, Seoane se respalda en "la personalidad jurídica única de la Administración General del Estado". De esta forma, omiten manifestarse a favor o en contra, ya que, de lo contrario, "se estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión que sólo al Gobierno compete".
Por su parte, sobre el delito de sedición, sobre la que recae la mayor responsabilidad en las penas, no se han manifestado.
Reparación del daño económico
Por otro lado, sí analiza "exclusivamente" lo relativo al delito de malversación de caudales públicos por el que fueron condenados el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los exconsejeros, Raul Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull.
Los Servicios Jurídicos del Estado han considerado que el daño económico ya ha sido reparado. Para ello, se apoyan en el informe emitido por el Tribunal de Cuentas que acredita que los 4,1 millones de euros fijados como liquidación provisional en el juicio por los gastos y pagos del 1-O ya han quedado garantizados.
"Habiéndose determinado provisionalmente el alcance y sus presuntos responsables, y encontrándose garantizada esa cantidad a día de hoy, tal y como establecen la providencia de 24 de febrero de 2020 del Tribunal de Cuentas y el informe de la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda de 25 de marzo de 2021, ese afianzamiento constituye un elemento que repararía el perjuicio económico producido a la Hacienda Pública", declaran.
La Fiscalía, en contra
La posición de la Abogacía contrasta con la de la Fiscalía, la cual sostiene que los condenados deben cumplir las penas sin "atajos". Por ello, se ha opuesto a la concesión de los indultos, una medida que, afirma, no puede operar "como moneda política de cambio" para la "obtención de apoyos parlamentarios".
