Operación Mito
El abogado de Puigdemont Gonzalo Boye se sienta en el banquillo por presunto blanqueo para Sito Miñanco
Dirigentes de Junts arropan a Gonzalo Boye en el primer día de juicio de un caso que se prolongará durante meses y en el que hay más de medio centenar de acusados.
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Más de cincuenta acusados, peticiones de cárcel, dos meses de juicio previsto, 4.000 kilos de cocaína y multas que superan los mil millones de euros. Esta mañana ha empezado el juicio por la Operación Mito, y entre ese más de medio centenar de personas sentadas en el banquillo están José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y el que trabajó como su letrado, Gonzalo Boye. Boye es también abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont.
Boye respaldado por el partido de Puigdemont
Ese detalle, que en cualquier otro juicio no relacionado no sería significante si lo ha sido en este. Porque Gonzalo Boye ha llegado acompañado por una amplísima delegación de Junts Per Catalunya, rodeado de muchas caras conocidas como el secretario general del partido, Jordi Turull, el expresidente de Cataluña, Quim Torra, la portavoz en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, el del Senado, Eduard Pujol, Albert Batet, presidente del grupo parlamentario en el Parlament, Laura Borrás, expresidenta del partido o Josep Rius, portavoz actual de la formación.
Rius ha sido el encargado de verbalizar el motivo del respaldo de Junts en este caso. Para la formación independentista la acusación a Gonzalo Boye responde a motivaciones políticas. El portavoz de Junts asegura que es un “juicio político”, y ve en su imputación un único motivo: defender a Puigdemont. De ahí su respaldo en este caso.
La acusación contra Gonzalo Boye
La fiscalía Antidroga cree que Boye pudo ayudar a acreditar el origen lícito de casi 900.000 euros que habían sido incautados a la organización en el aeropuerto de Barajas destino Colombia el cinco de febrero de 2017. Por presuntos delitos de blanqueo y falsificación piden nueve años y nueve meses de cárcel y le reclaman una multa de 3,1 millones de euros.
El primer testigo que ha participado en el juicio ha respaldado esa tesis de la Fiscalía. Es el inspector jefe de la Policía Nacional encargado de coordinar la investigación entorno a Sito Miñanco. Ha asegurado que Boye fue el encargado de dirigir esos trámites, tratando de justificar el dinero incautado con pagarés.
Boye a la salida del juicio ha asegurado que está acusado por hacer su trabajo. Cree que se basan en especulaciones y recuerda que su defensa, ha presentado nuevas pruebas. Entre ellas, registros migratorios que según el abogado de Boye demostrarían que una reunión a la que alude la Fiscalía entre Boye, Miñanco y González Rubio, otro de los acusados, no pudo producirse. La defensa argumenta que las acusaciones son infundadas y que su única participación fue “de asesoramiento legal, sin involucrarse en actividades ilícitas”.
Además cuestionan algunos de los testigos de la fiscalía y los métodos para llegar a la documentación del abogado, el propio Boye ha recordado que en 2019 se intervinieron todos los correos y mensajes que había intercambiado en todos los casos de los que ha estado a cargo, algo que para él supone una violación del secreto profesional abogado cliente.
Más de 30 años de cárcel para Sito Miñanco
Para Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, este es el tercer gran proceso al que se enfrenta por narcotráfico, ya ha asumido dos condenas de culpabilidad, y ahora mismo se encuentra el libertad condicional, después de obtener el tercer grado.
La Fiscalía cree que Sito Miñanco era el responsable de dirigir una organización que presuntamente intentó introducir en España más de 4.000 kilos de cocaína sin éxito. Por ello el ministerio público pide para él 31 años y seis meses de prisión y multas que ascienden a casi mil millones de euros.
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