Los colectivos que habían organizado un acto en Madrid a favor del derecho a decidir en Cataluña mantendrán su convocatoria aunque no será en un local público, después de que un juez suspendiera de forma cautelar la cesión de un espacio municipal, una decisión ante la que el Ayuntamiento presentará alegaciones. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha criticado hoy el auto del juzgado de lo contencioso número 3 de Madrid, que "por supuesto acepta y acata", pero que no comparte porque el evento iba a girar en torno al derecho a decidir, no sobre el referéndum del 1 de octubre, que fue suspendido por el Tribunal Constitucional.
Carmena ha apelado a la libertad de expresión y de reunión como "derechos fundamentales", y que la solicitud de los organizadores de la cesión del espacio del centro cultural Matadero fue "anterior a que se hubiera dictado la suspensión". Los convocantes, 'Madrileños por el Derecho a decidir', han lanzado un manifiesto de apoyo a la celebración del referéndum catalán del 1 de octubre y que respaldan ya más de 70 personas, entre los que se encuentran miembros del equipo de Gobierno de Manuela Carmena y diputados regionales de Podemos, como Pablo Carmona, Raúl Camargo, Montserrat Galcerán, Jacinto Morano, Isabel Serra o Carlos Sánchez Martos.
Quien solicitó el espacio de Matadero, el número 41 de la lista de Ahora Madrid, Pedro Casas, ha defendido hoy la legitimidad, la legalidad y la necesidad de un acto que no defiende la independencia sino el derecho a decidir, tanto sobre Cataluña como de los "cambios" en el "sistema de 1978", producto de una "transición tutelada". También ha desligado el acto de la candidatura electoral. Para los organizadores, el auto del juez José Yusty es un "exceso" y una "aberración jurídica", al que consideran "afín ideológicamente" al PP, quien presentó un recurso para evitar la celebración de este acto en un local público. Según han explicado, el auto se limita a la cesión municipal pero no al evento en sí.
El juez considera que la cesión del local implica "favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional (...) y se dirige claramente contra lo dispuesto en la Constitución Española". Pese a la suspensión cautelar, el acto se celebrará el mismo día y a la misma hora, pero no en un espacio municipal. De momento, los impulsores no han concretado el lugar, detalle que harán público próximamente. El Ayuntamiento ya anunció ayer que hará uso del periodo de alegaciones para explicar por qué no está de acuerdo con la suspensión.
"El derecho de reunión y la libertad de expresión son bases constitutivas de la democracia; que se prohíba una reunión en 2017 en España creo que es algo gravísimo y terrible y nos tiene que alarmar a todos los demócratas", ha dicho el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Para el secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, el Ayuntamiento "no podía desoír" la decisión judicial, aunque ha celebrado que el Gobierno municipal haya actuado "con firmeza" en la defensa de los derechos y libertades de los españoles".
Por su parte, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha felicitado al grupo del PP en el consistorio por el recurso judicial que ha permitido la paralización cautelar de un acto "ilegal", ya que, ha señalado, va en contra de la Constitución. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha instado al PP a "dejar de echar leña al fuego por un puñado de votos" y hecho un llamamiento a todos los grupos municipales a "construir puentes de diálogo" con el pueblo catalán que impidan la celebración de un referéndum ilegal. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, considera "lógico" que la justicia haya acordado suspender la cesión y que los independentistas no pueden sorprenderse cuando ellos mismos se "vanaglorian" de no respetar la ley.
