La querella también se dirige contra la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.
En el auto, el magistrado acuerda admitir a trámite la querella presentada el pasado 29 de mayo por la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales públicos.
La acusación popular la representan varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid.Tras incoar el pasado 3 de junio las diligencias de investigación, el juez cita en su auto a los querellados a partir del próximo 13 de septiembre. Las declaraciones en calidad de imputados concluirán el próximo 2 de octubre con las comparecencias de Lamela y Güemes. El juez indica en el auto que todos ellos deberán ir acompañados de un abogado, ya que declararán como imputados.
Tras ello, dictará una nueva providencia para citar a varios testigos, entre ellos el director de continuidad asistencial del Hospital de La Paz, Miguel Amengual, o el director médico del Hospital Infanta Elena, Juan Antonio Azofra.
En la resolución, el juez expone que la querella denuncia supuestas irregularidades del SERMAS en "el concierto para asistencia sanitaria suscrito con la UTE-FJD (Grupo Capio), en la vinculación de excargos y cargos políticos con empresas privadas concesionarias o participes en la gestión sanitaria, en la negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros, la derivación del paciente a traves del denominado Call Center y la vulneración de los derechos de los pacientes protegidos por la Ley 6/2009 de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Ley 41/02 reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones".
Añade que los hechos "se resumen en el contexto de la actuación de la Administración autonómica en la Gestión de la Sanidad Pública, en la que según los querellantes se ha producido dentro de una gran opacidad y falta de información un incremento en el gasto la asistencia sanitaria con medios ajenos a la vez que un progresivo descenso en el gasto en la cartera sanitaria pública".
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha explicado que las querellas son siempre admitidas cuando no tienen defectos de forma y se muestra "segura de que se actuó correctamente" durante la primera externalización, pues se desarrolló con "todos los procedimientos legalmente establecidos". Por tanto entienden que esta querella es una "maniobra política del PSM y de su sindicato médico" ya que estos primeros hospitales con gestión externalizada no sólo "cumplen con un umbral de satisfacción muy alto", sino que con un 92% de ratio superan incluso a la media de hospitales de la región, que también cuentan con una satisfacción muy alta entre los pacientes.
