Advertencia del Consejo de Transparencia al Gobierno por su Ley de Información Clasificada

Varapalo al Gobierno de España por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Esta autoridad independiente ha emitido un informe evaluando el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada del ejecutivo. Y de este documento, de 18 páginas, se extrae una idea clara. Piden al gobierno que revise la redacción de la norma, dicen que así se podrá "garantizar un mayor grado de observancia del principio de proporcionalidad". Ya que, de aprobarse tal y como se ha presentado el Anteproyecto, podría incurrir en "posibles restricciones a las libertades de expresión y de información".

Pero este informe va más allá. Dicen que la norma dispone de materiales "tan extensos" que incluso "desborda las previsiones constitucionales" en algunos artículos. Especifican uno en concreto, el que se tratan cuestiones acerca de la «seguridad y defensa del Estado». Sobre la categoría que deben adquirir ciertos documentos protegidos el informe señala que, por ejemplo, en los clasificados como "Alto secreto" y "Secreto" se excede el ámbito de la seguridad y la defensa. Esto podría tener consecuencias para los ciudadanos, como un detrimento de otros derechos.

El Consejo de Transparencia habla de que en ciertos supuestos hay "clausulas generales de aperturas indeterminada". E incluso recuerdan la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha insistido en numerosas sentencias en que el derecho a la información pública goza de un gran reconocimiento en el ordenamiento de España. Y advierten: "cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación".

Porque también se habla del "riesgo", de que algunos límites de los supuestos queden "plenamente desplazados". Y eso en la práctica - según el Consejo de Transparencia - supondría un régimen "menos garantista". Creen que es clave que en la Ley se aplique la "proporcionalidad". Insisten en que la información a los ciudadanos solo se puede negar cuando esté justificado de "manera expresa, clara y suficiente". La redacción de la norma es clave, porque, recordemos que por infringir esta ley podría haber multas de hasta tres millones de euros. Serían castigadas las personas que publiquen documentos secretos.

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